De la Constitución Nacional y de la justicia social mejor no hablar

Comencemos por señalar que el costo de la canasta básica es de $20.810, con crecimiento interanual del 32.7%. El salario mínimo vital y móvil es de $10.700.-. La desocupación, según el propio FMI aumentó y en el 2019 llegará a los dos dígitos.

En la industria se perdieron88.552 puestos de trabajo.

El precio del pan promedio es, como mínimo, de $80.- el kg. y no sólo de pan vive el hombre. Algunas referencias al respecto: en 1946 la indemnización mínima por despido equivalía a comprar 3.333 kg de pan; hoy se redujo a 127kg. Hay panaderías solidarias (La Nación 24/7/18) que al final de día donan el pan al que lo solicite.

En San Francisco Solano los miércoles y sábados de 8 a 15hs. se reúnen para hacer todo tipo de trueques los vecinos la llaman “el shopping de los pobres”.

A su vez, el gobierno propuso en el G20 tratar el “futuro del trabajo” como un tema central. Lo que se pretende es imitar la política laboral flexibilizadora que implementó Brasil. Los antecedentes legislativos de Macri son elocuentes. Sancionó la reforma previsional que implicó una pérdida del orden de casi 100 mil millones de pesos para los jubilados. Si bien hubo un rechazo multitudinario la reforma se aplica, pero como efecto secundario implicó un parate a la reforma laboral. Lo que de ninguna manera se puede pensar es que Macri se haya resignado, por eso el planteo en el G20.

El parlamento parece no ser un ámbito propicio para la reforma laboral. El gobierno vetó la ley antidespidos con el Dec. 701/16, pero logró una reforma regresiva e inconstitucional a la ley de riesgos de trabajo con la sanción de la ley 27.348. Esta norma tuvo ya una declaración de inconstitucionalidad a través de una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala IX con un excelente primer voto del juez Roberto Pompa.

Hoy está en estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiemblo por el voto de Rosenkrantz y el lobby de las Aseguradoras de Riesgos.

También está frenado el proyecto que, a manera de encubrimiento, Macri denominó como “blanqueo”, cuando en realidad implica impunidad para el empleador evasor y contrariamente una promoción del “negreo” ya que en un análisis de costo-beneficio, la desaparición de indemnizaciones y reparaciones al trabajador “en negro”, sale más barato al patrón no registrar a los trabajadores que cumplir la ley.

Finalmente y con relación al mal llamado “impuesto a las ganancias” (tendría que ser “impuesto a los altos ingresos”) señalo que en julio de 2013 por el decreto 1006/13 se devolvió lo retenido con relación al aguinaldo de ese año y a partir del 2014 directamente se suprimió el impuesto sobre el sueldo anual complementario. A partir del segundo semestre de 2017 continúa la retención, con la consecuente pérdida del salario. A fines de 2015 un millón de trabajadores pagaba este impuesto. Macri, que prometió que no lo pagarían más, logró que fueran más de dos millones de asalariados los que lo pagan.

Por último, el gobierno continúa con el techo a las paritarias. Prueba documental de ello es el Decreto 508/18 que eleva el tope de 15% a 20% como para bailar la salsa, pero no para comer: el costo de vida superará este año el 45%. O sea, de la Constitución Nacional y de la Justicia Social mejor no hablar.