De las redes a la calle, cómo se construye el apoyo a CFK frente al avance del lawfare

En medio de la vorágine financiera y la reestructuración del gobierno del Frente de Todos, la disputa política por la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández quedó por ahora relegada a la virtualidad. Sin embargo, algunos dirigentes de peso dentro del oficialismo ya empiezan a evaluar la posibilidad de poner en juego la movilización popular como forma de resistencia. “Con las cartas marcadas en la Justicia, lo único que nos queda es la calle”, sostuvo un gobernador.

Dirigentes de la oposición, como Laura Alonso entre otros, festejaron en las redes la cantidad de visualizaciones que tuvo el alegato del fiscal Diego Luciani. El peso en kilogramos de las pruebas y las adjetivaciones histriónicas tuvieron su repercusión en el mundo virtual. También en el terreno virtual, la propia vicepresidenta expresó a través de un video su preocupación, señaló a la Corte Suprema e intentó desenmascarar la operación en su contra al advertir que la sentencia ya está firmada. Esta semana, la dirigencia kirchnerista se metió en la disputa virtual en las redes bajo la etiqueta #TodosConCristina, que incluso juntó pronunciamientos de referentes críticos como Luis D’Elía. Si bien el presidente Alberto Fernández no se pronunció públicamente al respecto, sí lo hizo, de manera enfática, su portavoz Gabriela Cerruti en su Instagram.

Los organismos de Derechos Humanos también pusieron su voz en alto. H.I.J.O.S. Capital sacó un comunicado en el que exige: “Basta de perseguir a Cristina Fernández de Kirchner”. Las organizaciones políticas del kirchnerismo volvieron a expresarse. Sin embargo, la pelea mediática y virtual es despareja debido a la composición del mapa de medios.

Las encuestas que ya circulan entre propios y ajenos muestran que la candidatura de Cristina sigue contando con un tercio de los votos y, si bien ella nunca lo dijo, esa posibilidad circuló en boca de algunas voces kirchneristas a principios de este año. A eso se le suma la preocupación que ya expresan algunos dirigentes, como Oscar Parrilli, de manera abierta, sobre la posibilidad de proscripción.

En el Senado evalúan que el intento destituyente combina el embate del establishment a través de la constante huida de dólares, junto con el ataque judicial a Cristina Fernández. De hecho, evalúan que para el poder económico que quiere imponer reformas estructurales, es necesario que la vicepresidenta vaya presa o por lo menos quede proscripta para las próximas elecciones.

El ejemplo más cercano que miran con preocupación del triunfo del lawfare-aunque sea circunstancial-, es Brasil, donde primero fue necesaria la destitución de Dilma Rousseff para luego encarcelar a Luiz Inácio Lula Da Silva. En Argentina, analizan, el escenario puede repetirse con la destitución del gobierno del Frente de Todos y ahí sí, sin un presidente que pueda llegar a indultar a la vice, se consumaría ese sueño de los sectores del establishment de encarcelar a la dirigenta que sigue juntando la mayor cantidad de votos, incluso sin autoproclamarse candidata.

Si bien la llegada de Sergio Massa al Gabinete dio un respiro que se reflejó apenas por unos días en la cotización del dólar ilegal, y que sectores de izquierda del Frente de Todos calificaron como la llegada del poder económico al gobierno con ajuste incluido, desde el kirchnerismo leen que desde enfrente vieron que “Massa está de este lado y no le dieron ni cinco minutos”. “Es cierto que el bloque de poder político de gobierno se fortaleció, todo el Frente Renovador tiene los pies adentro del plato, ahora no son meros espectadores”, sostienen.

Desde el cristinismo analizan que la transferencia brutal de la renta hacia el sector empresario no cesó durante este gobierno y que, por lo tanto, la intención de proscripción es más política que económica. “Si las empresas ganan ahora como nunca antes, ni siquiera con el macrismo, ¿para qué van a golpear al gobierno? Es político, ya que no quieren que en 2023 se vuelva a un esquema de repartición de la renta que produjo el kirchnerismo. “Una presidencia en manos de Cristina volvería a poner las cosas en su lugar en el reparto de la renta”, evalúan.

Por el momento, la foto de aquel 13 de abril de 2016 en Comodoro Py, cuando la gente, por su cuenta, fue a acompañar a la vicepresidenta a la que sería su primera declaración ante el Poder Judicial, está lejos. Sin embargo, dirigentes como Hugo Yasky, pero también el ala más combativa de la CGT encarnada en el camionero Pablo Moyano y el bancario Sergio Pallazo –con llegada directa a la vicepresidenta- están dispuestos a salir a la calle. Después de aquel 13 de abril fue la propia Cristina, desde el llano, quien le pidió a la militancia que no la siga acompañando en cada presentación que tenía que hacer ante los tribunales. Ahora, ya con Cristina en la vicepresidencia pero con un cuadro económico y político más complicado aún, habrá que ver si sigue compareciendo sola ante el Poder Judicial o si aparece en el horizonte la posibilidad de salir a la calle, no ya de manera espontánea como en 2016, sino conducida por las organizaciones que la sostienen. «