De patos a liebres: el Litoral, un terreno liberado para la caza indiscriminada

A pesar de la acumulación de denuncias de asociaciones ambientalistas y animalistas, la temporada de caza en el Litoral está a pleno. A las irregularidades detectadas en la liberación reciente de estas prácticas en Entre Ríos, se sumó una nueva demanda en Santa Fe al considerar que los animales autóctonos se encuentran en peligro porque las autoridades no cumplen con la Ley Nacional de Fauna (N° 22.421) que estipula la realización de varios estudios como requisito previo a la habilitación de estas actividades. La región es uno de los destinos más buscados por los cazadores extranjeros. Negocio privado para muy pocos y peligro para el ecosistema y las especies de la zona.

La acción judicial se presentó el 31 de marzo en el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Rosario: exige la prohibición inmediata de la caza de patos hasta que no se realicen los estudios de las poblaciones de las especies que el gobierno de Maximiliano Pullaro habilitó a matar. El 29 de abril, en el Día del Animal, a través de la Resolución 94 el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe autorizó la caza del Pato Picazo, Sirirí Pampa y Sirirí Colorado desde el 1º de mayo al 31 de julio en los departamentos 9 de Julio, Vera, San Cristóbal, General Obligado, San Justo y San Javier.

Tiempo pudo saber que el expediente judicial, iniciado por las ONGs Mundo Aparte, Capibara y el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS), apenas tuvo movimientos. Ya entrada la temporada de caza, desde el juzgado se limitaron a solicitarle a los demandantes formalidades como la presentación en original de las actas de designación de sus autoridades. “La Ley Nacional N° 22.421, que protege a todas las especies autóctonas, les concede a las provincias la potestad de decidir sobre sus propios recursos y, como excepción, la posibilidad de determinar una temporada de caza de algunas especies, pocas, en un determinado período de tiempo”, explica Gabriel Bonomi, referente de CEYDAS, quien precisa que “en el Decreto 666/97 ya se indicaba que se deben realizar estudios poblacionales de las especies que se autoriza a matar, para saber qué se está matando y en qué condiciones están esas poblaciones. El gobierno de Santa Fe no ha hecho ningún tipo de estudio. El último debe tener más de dos décadas. Hoy nada fundamenta la caza en la provincia”.

Una de las abogadas que elaboró la demanda, Alicia Pezzetta, precisa que “la resolución de Santa Fe que habilita la caza dice que hay que reemplazar las municiones de plomo por otras opciones, como por ejemplo acero, pero la realidad es que no se consiguen habitualmente esas municiones. Después nadie controla ni qué especies se cazan ni qué municiones se usan ni la cantidad de piezas por cazador. La provincia habilita algo que después no va a poder controlar”.

De hecho, el año pasado el ministro de Ambiente santafesino, Enrique Estévez, fue duramente cuestionado luego de que trascendieran fotos de una decena de cazadores de Estados Unidos en un coto de San Javier, posando junto a varios cadáveres de patos protegidos por ley. La munición “repercute en otras especies que en el agua pueden confundir las perdigonadas con piedritas y alimentarse con plomo. Además, los cazadores, como lo hacen por divertimento, luego ofrecen estas piezas contaminadas a la gente de la zona lo que implica un peligro a la salud pública».

Mientas tanto, en Entre Ríos…

La Resolución N°997 del 2024, a cargo del Gobierno de Entre Ríos,habilitó la matanza de nueve tipos de aves, ademas de liebres. A pocos días del inicio de la temporada 2025, se realizó allí una audiencia pública en la que solo hubo expositores invitados por el Ejecutivo de Rogelio Frigerio, que dieron cuenta de ciertos estudios financiados por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (Catcyc), una parte más que interesada en la materia.

A pesar de haber pedidos de información pública sobre las empresas de turismo cinegético que están inscriptas en la provincia, hasta hoy no se conocen quiénes son los operadores y si existe algún estudio. Bonomi advierte: «las especies que los gobiernos de Pullaro y de Frigerio autorizan matar no son plagas, no son perjudiciales, no son abundantes y no son exóticas. La única razón que tienen para autorizar la matanza es el negocio para favorecer a los cotos de caza”.

Varias fuentes consultadas, que prefirieron no ser reveladas, coincidieron en señalar que la falta de controles sobre los cotos de caza del Litoral, legales e ilegales, confluyen en “una caja negra para la política” a costa de la matanza de aves autóctonas y la contaminación por plomo. Cada extranjero paga miles de dólares a “empresarios” locales para que los cazadores se muevan a sus anchas por estos paraísos naturales.  «