Este miércoles, especialistas de primer nivel tratarán en la Universidad Carlos III (Puerta de TOledo) los casos más notorios, en una trasmisión por Youtube.
La expresidenta se encuentra actualmente condenada a 6 años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos políticos por una causa de la que no existieron pruebas fehacientes, en un proceso judicial con todas las características del lawfare, (instrumentación del derecho con fines de persecución política por la vía judicial). Y no solo eso: Javier Milei, lo confirmó en una reciente entrevista en TV donde afirmó sin inmutarse que “soy el primer presidente que tomó la decisión de que CFK vaya presa”.
El actual mandatario, que llegó al gobierno realizando una campaña centrada en una aparente batalla contra “la casta y los corruptos”, se encuentra actualmente atrapado en varias tramas judiciales por corrupción, desde el Caso Libra hasta coimas presuntamente recibidas por su hermana Karina Milei.
Ciertamente, la condena contra Cristina Fernández de Kirchner no es judicial, sino política, con el mismo patrón que se repite de forma sistemática en diferentes países de América Latina en los últimos 25 años. La Causa Vialidad por la que se ha sentenciado a CFK, ya había sido estudiada, analizada y calificada como lawfare por parte de renombrados/as juristas, en el libro “Objetivo Cristina: el lawfare contra la democracia en Argentina”.
En el mencionado libro y otros artículos se enumeran las características del lawfare contra CFK, tales como el Acoso Judicial. Fueron más de 654 denuncias en su contra, con 13 causas en las que llegó a ser procesada (Dólar futuro, Obra pública, Los Sauces, Hotesur, Cuadernos, etc.). Hostigada con ocho declaraciones indagatorias en el mismo día y con una reapertura sistemática de investigaciones y causas que habían sido archivadas por falta de pruebas, etc.
En resumen, se empleó en su detrimento un doble rasero, dejando de lado casos más graves que afectaban a la familia del entonces presidente Macri (Correo Argentino, Aportantes Truchos, etc.), mientras que la condena para aquella se realizó en tiempo récord, igual que sucedió con casos que afectaban a otros líderes populares, como Rafael Correa, expresidente de Ecuador, y Lula da Silva, presidente de Brasil. Todos ellos adolecían de la misma falta de pruebas y tuvieron el mismo resultado predeterminado en contra del buen derecho.
En todo este entramado, la independencia del poder judicial brilló por su ausencia, agravado por el hecho de que algunos de los jueces que intervinieron en los procesos mantuvieron relaciones profesionales promiscuas con el presidente Mauricio Macri durante la tramitación de aquellos.
La Presidenta Cristina Fernández, ostenta el triste récord de haber recibido 654 denuncias seriales contra ella y su familia durante su desempeño en la función pública (2004 y 2022). Este evidente acoso contra ella y su familia, se normalizó, porque el “Objetivo Cristina” fue blanco privilegiado de la violencia política de género. Definitivamente, se normalizó esta agresión contra la líder más importante de Argentina y la región, en la línea con lo sucedido con Dilma Rousseff en Brasil, Paola Pabón en Ecuador, o con la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Aquí en España, también tenemos ejemplos próximos de esa misma dinámica contra mujeres políticas y servidoras públicas concretas. Por todo ello, es de enorme importancia que desde la academia se aborden los diferentes ángulos de esta problemática: el lawfare y el modo en que opera el Poder Judicial, la persecución política y las derechas; la violencia política de género normalizada; la estigmatización y criminalización operada por medios de comunicación corporativos, con la finalidad de detallar las características que reviste en cada país.
Hasta ahora, lo que sabemos por la experiencia en América Latina, es que se trata de un mecanismo que no considera el debido proceso judicial y corroe las bases institucionales del Estado de derecho. Y lo más importante, que opera como una amenaza directa y cierta contra principios básicos de la democracia como la inclusión política, económica, social y cultural, anulando cualquier posibilidad de justicia social y alterando el equilibrio entre los diferentes poderes del Estado.
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