Debía controlar el estado de la escuela Casto Munita y tiene antecedentes por negligencia

“Negligente». «Inadmisible el error cometido». «Ya se los intimó para que hagan su descargo». Las frases de Carlos Regazzoni no dejan lugar a dudas sobre el desempeño de Mejoramiento Hospitalario: en julio de 2014 la empresa había desratizado una escuela de Villa Crespo y se olvidaron de retirar los cebos. Como resultado, diez alumnos que confundieron el veneno con caramelos, sufrieron una intoxicación.

Se trata de la misma empresa que debía controlar el estado de la escuela Casto Munita del barrio de Belgrano, cuyo cielo raso se derrumbó el pasado viernes. Por fortuna se trataba de un día feriado y ninguno de los alumnos de séptimo grado que ocupa el aula se encontraba en sus pupitres. Desde el Ministerio de Educación se refirieron a Mejoramiento Hospitalario como “una empresa muy cumplidora”. Incluso pusieron en duda que se tratara de la misma compañía encargada de la desratización del colegio de Villa Crespo. “Los edificios de uso frecuente tienen situaciones que suceden”, intentaron justificar. “El jueves próximo habrá una licitación para realizar una obra para esta escuela (Casto Munita) en 2017 por más de $7 millones”, adelantaron desde el Ministerio de Educación, sin precisar qué empresa realizaría los arreglos.

Regazzoni, hoy al frente del PAMI, era funcionario del Ministerio de Educación de Esteban Bullrich. Al parecer el descargo de la escuela debió haber sido muy convincente porque la empresa logró ganar licitaciones en cuatro comunas en 2015 para cumplir con las mismas tareas. “¿Por qué el gobierno de la Ciudad no sancionó a Mejoramiento Hospitalario SA? Lo único que sabemos es que la empresa pudo volver a presentarse y ganar. Pero en qué lugar del circuito administrativo se pasó por alto la gravedad de ese episodio no lo sabemos”, cuestionó Cecilia Segura. De haber sido sancionada, Mejoramiento Hospitalario nunca podría haber facturado los $ 103.396.964,62 que ganó el año pasado.

Entre 2008 y 2015 la compañía presidida por Mariana Fernanda Gómez le facturó a la Ciudad por diversos servicios $ 492.427.722,78. Tan sólo en 2015 la empresa obtuvo contratos por mantenimiento escolar por $ 21.079.865. De ese dinero $ 5.738.264 pertenecieron a la Comuna 13, en donde ocurrió el derrumbe.

Según pudo saber Tiempo, la empresa no debió haber competido el año pasado luego del gravísimo antecedente, pero alguien en el ministerio de Educación o en la Dirección de Compras y Contrataciones, decidió, en palabras de una fuente capitalina, “levantar la tranquera”.

Una vez que finaliza una contratación, los ministerios correspondientes deben remitir a la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCyC) una evaluación general con todos los actos administrativos producidos en donde se informe si hubo penalidades, cómo fue la calidad del servicio brindado, entre otras. Con esos elementos la DGCyC tiene la potestad de aplicar sanciones, por ejemplo, la de no permitirle a una empresa que ha incumplido o cometidos falencias graves volver a prestar servicios a la ciudad.

“El gobierno porteño oculta deliberadamente expedientes que contienen esta información. Cuando pasan estos hechos y se pone el foco sobre este sistema de empresas amigas que siempre ganan licitaciones en la ciudad, nos damos cuenta de por qué es tan difícil acceder a los expedientes”, criticó Segura, una de las auditoras por el kirchnerismo.

“La ministra Acuña debe dar explicaciones de por qué no controló el trabajo de las prestadora de servicios. Hay una área específica del Ministerio que está para verificar la infraestructura de cada establecimiento escolar, los responsables de ese sector deben ya mismo renunciar y Acuña debe ser interpelada en la Legislatura”, reclamó Julieta Costa Díaz, una de las comuneras de la 13.