Un chapista y una viuda jubilada fueron imputados de intentar ingresar marihuana a la cárcel de Piñero para ser entregada a sus hijos.
El reciente gobierno de Maximiliano Pullaro presentó la primera semana de gestión un paquete de leyes a la Legislatura, entre las primeras en aprobarse se encuentra la ley de adhesión a la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, lo que faculta al fuero provincial a investigar microtráfico.
Según esta normativa, las prioridades de persecución penal se enfocan prioritariamente: a los mercados abiertos, que se desarrollan en espacios públicos o con posibilidad de acceso público. Participación de los traficantes en otras actividades delictivas o contravencionales, o utilización de armas de fuego. Participación o involucramiento de menores de edad o de personas en situación de vulnerabilidad, o distribución de estupefacientes a los mismos. Distribución en búnkeres, puestos fijos y demás espacios públicos. Alteración de la tranquilidad pública, apropiación de instalaciones o lugares de uso público, o degradación del espacio urbano. Los que determine la Fiscalía General, por razones de política criminal o utilidad social (artículo 4 ley 14.239).
A su promulgación le siguió la resolución 467 que dictó la fiscal general María Cecilia Vranich sobre el tema, que dispuso la conformación de un equipo de trabajo para la investigación de este tipo de delitos integrados por Carla Cerliani y Valeria Haurigot; el fiscal Diego Vigo; el subdirector provincial de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigaciones, Víctor Moloeznik y la secretaría de gestión con funciones asignadas a la Fiscalía General, Marina Pieretti. La normativa que lleva la firma la fiscal general María Cecilia Vranicich, fija lineamientos para su implementación la que será gradual y progresiva, dice.
Entre las funciones que tiene este equipo se encuentran la elaboración de guías de actuación y el delineado, junto a personal del Ministerio de Seguridad, de los protocolos conjuntos que aplicará la Policía de Investigaciones bajo la modalidad de directivas estandarizadas, dijo la funcionaria.
«Este es el tamaño de la hipocresía que supone la ley de narcomenudeo. Muy lejos de afectar el negocio. Los delincuentes de guante blanco que recaudan e invierten siguen tranquilos», remarcó el diputado Carlos Del Frade.
Este martes, el fiscal Mariano Ríos Artacho fue el encargado de llevar adelante las primeras imputaciones en esta materia en la Fiscalía Regional 2° y lo hizo en dos audiencias diferentes.
El fiscal dijo que la mañana del 30 de diciembre Miguel Ángel A., de 74 años, intentó ingresar al penal de Piñero, en el interior de un recipiente hermético con comida, 119 envoltorios de cannabis con un peso aproximado de 85 gramos. Mientras que en otra audiencia imputó a Teresa B., jubilada de 76 años por intentar entrar a la misma cárcel 136 envoltorios de cannabis por un peso de 38 gramos, según la imputación.
Los envoltorios fueron secuestrados durante la requisa por personal del Servicio Penitenciario. El fiscal les achacó a ambos el delito tentativa de suministro gratuito de estupefacientes y por acuerdo de partes ambos recuperaron la libertad con restricciones, entre ellos prohibición de acercamiento a lugares de detención de la provincia por el plazo de un año, lo que incluye el penal donde se encuentran sus hijos.
Colombia, Ecuador y Perú comparten no sólo fronteras sino problemas semejantes.
La Fiscalía de Martínez está a la espera de ciertas pericias para esclarecer el caso.
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