Su abogado objetará que el Tesoro de Estados Unidos interfiere en su derecho a la defensa.
Junto con su esposa Cilia Flores, Maduro es acusado por el gobierno de Donald Trump de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. Según lo que establece el Código Penal estadounidense, esos delitos contemplan penas que oscilan entre los 30 años de prisión o cadena perpetua para los dos integrantes del matrimonio.
En esta ocasión, su segunda comparecencia, el juez Alvin Hellerstein tratará la moción solicitada por los abogados de ambos, ya que alegan que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos interfiere en su derecho constitucional a la defensa, debido a que les impide acceder a los fondos del estado venezolano para pagar el costo del proceso.
El juez Alvin Hellerstein había convocado inicialmente la audiencia para que el equipo legal de Maduro y su mujer, pudieran revisar todas las pruebas en su contra y preparar su caso ante la posibilidad de que se fijara de forma inminente la fecha del juicio, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CNN.
El pasado mes de febrero, el abogado de Maduro, Barry Pollack, advirtió de que existía la posibilidad de que tuviera que abandonar la defensa del presidente venezolano si Estados Unidos no permite al Gobierno de Venezuela pagar sus honorarios. Así, Pollack declaró que el Departamento del Tesoro había concedido pero luego retirado una licencia que permitía a Caracas pagarle.
Sin embargo, tanto Maduro como su mujer se encuentran en la lista de personas sancionadas, por lo que es necesario que su equipo legal obtenga los permisos necesarios para no incurrir en una violación de dichas restricciones. El letrado ha asegurado que esto «viola el derecho constitucional de Maduro a defenderse».
La defensa insiste en que «el Gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios de la representación de Maduro, que este tiene la expectativa legítima de que el Gobierno venezolano lo haga y que, de otra manera, no puede costearse un abogado», ha subrayado el abogado del mandatario.
Por ello, aseveró que, «al no permitir que el Gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa de Maduro, la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro) está interfiriendo con la capacidad de Maduro de contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, conforme a la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección».
Maduro fue capturado junto a Cilia Flores el pasado 3 de enero en una incursión militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos y tras la que el mandatario y la primera dama fueron trasladados y encarcelados en una prisión de Brooklyn, Nueva York.
El dirigente, que está acusado de cargos relacionados con el narcotráfico, se declaró no culpable ante un tribunal federal de la ciudad, mientras que el Ministerio de Exteriores venezolano ha pedido en reiteradas ocasiones la liberación de ambos.
BB con Europa Press y NA
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