El Gobierno impuso el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil por decreto, confirmando su alineación con la cúpula empresaria. Esta decisión, criticada por los sindicatos como un acto de "despotismo", condena el ingreso básico a seguir hundido muy por debajo de la línea de indigencia.
La reunión del Consejo del Salario reveló una marcada disparidad entre las posturas del sector sindical y el empresarial. Los sindicatos, representados por las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT), presentaron solicitudes que buscaban una mejora sustancial del ingreso básico, con el objetivo de equipararlo o superarlo respecto a la línea de indigencia.
En contraste, el sector empresario—incluyendo la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural—propuso valores significativamente menores: $ 326.000 de manera inmediata y $ 349.000 para abril del próximo año.
Ante la falta de modificación de las posturas tras pasar a un cuarto intermedio, el Gobierno anunció su resolución de definir el aumento por decreto, una medida que, según la CTA, siempre se alinea con la propuesta del sector empresarial.
Críticas sindicales y acusaciones de despotismo
La decisión gubernamental fue objeto de severas críticas por parte de los representantes sindicales, quienes la interpretaron como una obstrucción deliberada a la mejora salarial.
El secretario general Hugo «Cachorro» Godoy de la CTA Autónoma calificó la acción del Ejecutivo como un acuerdo con las cúpulas empresariales para “impedir alcanzar una mejora real” y habilitar la decisión unilateral. Godoy acusó al Gobierno de actuar con el «despotismo» que, a su juicio, ha caracterizado su gestión desde el inicio, lamentando que esta resolución «sigue hundiendo el SMVM y, con él, al conjunto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina”.
La denuncia central de los gremios es que el Ejecutivo ha utilizado la falta de acuerdo como justificación para imponer un valor que beneficia la contención de costos empresariales a expensas del poder adquisitivo de los trabajadores.
Movilización y contexto de la protesta
En paralelo al desarrollo de la reunión en la Secretaría de Trabajo, liderada por Julio Cordero, las dos CTA junto a diversas organizaciones sociales llevaron a cabo una movilización. La protesta tuvo como eje la exigencia de que el ingreso básico sea equivalente al costo de la Canasta Básica Total (CBT), que marca la línea de pobreza, además de reclamar un bono de fin de año, la actualización de programas sociales y el reconocimiento del trabajo socio-comunitario.
La insistencia en la definición por decreto y su consecuente alineación con los valores propuestos por la parte empresarial intensifica el debate sobre el rol del Estado en la protección del poder adquisitivo y el equilibrio de la puja distributiva en un contexto inflacionario. La crítica subyacente apunta a una política económica que prioriza la estabilidad de costos por sobre la recuperación del ingreso real de los sectores asalariados.
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