Deepfake: “La gente tiene que entender que la violencia digital es real”

“La gente tiene que entender que la violencia digital es real y te daña la vida. Hay que crear leyes para que las personas que se dedican a hacer daño tengan una pena. Desde el principio pensé eso: que no fuera gratis sentarse frente a una computadora a arruinarle la vida a tantas mujeres”, dice Nilda García, una de las 18 denunciantes que logró en el país un precedente histórico: la condena a un hombre por generar y difundir imágenes sexuales creadas con inteligencia artificial, es decir, contenido pornográfico falso o deepfakes.

Hoy, aquella lucha judicial que emprendió a ciegas junto a otras víctimas en 2023 parece intentar remediarse. El proyecto de ley presentado por la senadora peronista por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, pretende incorporar el artículo 128 bis al Código Penal, estableciendo penas de tres a seis años de prisión para quienes creen, generen o modifiquen imágenes, audios o videos de contenido sexual explícito de personas reales mediante tecnologías de generación sintética sin su consentimiento.

La propuesta detalla que «la pena se elevará un tercio en su mínimo, cuando las representaciones correspondan a personas que aparenten ser menores de 18 años; o representaciones que, sin corresponder a una persona física identificable, exhiban una apariencia infantil que resulte indistinguible de la realidad”.

Para la configuración de este delito, no será necesaria la existencia de una víctima real o física identificable. “El tipo penal se perfecciona cuando la representación posea un nivel de realismo o verosimilitud tal que resulte indistinguible de la realidad o cuando la apariencia de minoridad sea el elemento central de la pieza sintética», destaca el proyecto.

Además, establece penas de un mes a un año al que tenga estas representaciones para su propio uso o visualización y aumenta a cuatro meses y hasta dos años cuando la tenencia sea respecto de imágenes o videos de menores de edad.

“Espero que nuestro caso –afirma Nilda– haya ayudado a que se presente un proyecto de ley que nos ampare. Viví la revictimización, sentí la mirada distinta de los demás; una atraviesa un montón de sensaciones y sentimientos que no sabés como manejarlos: de la noche a la mañana aparecen en tu vida la angustia, la ansiedad, el miedo. Tiene que haber una ley que nos permita ser libres”.

Perverso

Nilda es de San Jerónimo Sud, un pueblo santafecino que no llega a los tres mil habitantes y en donde, como es de esperar, todos se conocen. “Yo lo tenía de amigo en Instagram porque era el verdulero al que le compraba todas las semanas. Después me enteré que sacaba fotos de mi perfil y las adulteraba. También les tomaba fotos a todas las clientas que iban a su verdulería. Así empezaron a circular imágenes de cuerpos desnudos con mi cara y mi nombre. Las subía a un grupo cerrado de Telegram, donde las difundía y hasta hacía delivery; los integrantes del grupo preguntaban ‘tenés fotos de tal’ y entonces él las editaba y las mandaba. No hay forma de entender la perversidad con la que se manejó esta persona”.

La persona –el perverso– tiene nombre: Luciano Larrabeitia. Cuando la policía allanó su casa, luego de una denuncia de la ONG Missing Children por distribución y circulación de material pornográfico, encontraron unas 48 mil imágenes en sus dispositivos, que incluían deepfakes de mujeres del pueblo y hasta de menores de edad.

Nilda se contactó con otras víctimas y armaron un grupo de WhatsApp para buscar entre todas la manera de iniciar un proceso judicial que culmine en una condena contra Larrabeitia.   

De las más de 80 víctimas, sólo 18 se animaron a denunciar en la Fiscalía de San Lorenzo. Pero la sangría no se detuvo: sólo seis llegaron a la audiencia de conciliación tras un juicio abreviado.

“Decidí seguir adelante con el proceso penal, aún cuando no había antecedentes sobre este tipo de delito, porque me sentí muy vulnerada, sentí que habían abusado de mi integridad. Con las otras chicas empezamos a golpear puertas hasta que el juez de nuestro pueblo nos orientó porque ninguna había estado envuelta en situaciones penales. Tuvimos que aprender a cómo denunciar, y así logramos una perimetral para que este tipo no se nos pueda acercar más”, recuerda Nilda.

En octubre de 2025, Larrabeitia fue condenado por el delito de injurias, en el marco de violencia digital contra la mujer, que lo obligó a pagar una multa de 20 mil pesos y una reparación de 800 mil pesos para las víctimas querellantes.

“Dentro de un tiempo –reflexiona Nilda– va tener más repercusión nuestro caso; llegamos lejos y ahora sentimos que todo lo que pasamos no fue en vano”. «