Defensora del Pueblo de la Ciudad pidió que la regulación tarifaria sea acorde a las economías familiares

La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños participó de la audiencia pública, convocada por la Secretaria de Energía de la Nación, que determinará los criterios por los cuales un hogar recibirá o no subsidios parciales o totales a los servicios de gas y luz.

En su intervención, remarcó que: “El acceso a las fuentes de energía, agua potable y cloacas hace al ejercicio de los derechos humanos. Son servicios públicos esenciales, cuyo acceso en condiciones adecuadas y suficientes resultan imprescindibles para el desarrollo de la vida. Nuestra función y misión, como Defensoría, es la de proteger, promover y defender los derechos de las personas, en este caso de los usuarios”.

Argumentos de la Defensora del Pueblo

En relación al contexto energético general y la situación de los ingresos en particular, Muiños dijo: “La República Argentina y la región AMBA en particular transitan desde hace décadas una profunda crisis energética y un descalabro regulatorio y tarifario”, dijo y agregó: “Esa situación se pretende comenzar a resolver con el colapso y el descalabro de las economías familiares, generado por una fuerte devaluación, una altísima inflación, combinadas con salarios y jubilaciones a la baja”.

En el mismo sentido brindó algunas cifras sobre el incremento tarifario que se plantea: “Tenemos algunas estimaciones de consumo con el nuevo cuadro tarifario tomando como base a Edesur. Cabe destacar que la resolución que actualizó el precio estacional de la energía les quitó todos los subsidios a los organismos públicos que prestan servicios de salud y educación. A partir de este mes, el costo de la energía se elevará en un 194% en esos establecimientos”, dijo.

Añadió además que «se producirán fuertes subas en los usuarios comerciales. Según cálculos no oficiales, un pequeño comercio que consume alrededor de 212 kWh pasará de pagar una boleta mensual promedio de $8100 a una de $39.500, una suba del 389%. Asimismo, un comercio grande que consume 3900 kWh pasará de pagar un promedio de 150 mil pesos a uno de 590 mil pesos, una suba de 293%”.

Para finalizar la Defensora evocó una frase del Sumo Pontífice: “Pedimos que cualquier decisión que se tome tenga especialmente en cuenta la necesidad de contribuir a la paz social. Como nos recuerda el Papa Francisco, «la paz social es trabajosa, artesanal. Integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. Esa paz social que es responsabilidad de todos nosotros, pero primeramente del propio Estado”.