Del Estado de Derecho al Estado policial

La polémica por el convenio firmado entre la Secretaría de Comunicación Pública y el ANSES para que el macrismo pueda utilizar los datos personales que figuran en este organismo con el objeto de instrumentar “un contacto individual e instantáneo” en el marco de sus políticas de comunicación (¿del Estado o de la alianza gobernante?) sigue despertando sospechas y acusaciones muy fuertes. A la denuncia penal contra el jefe de gabinete Marcos Peña entablada por los diputados Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade (FpV), se le suman estudios e investigaciones en curso. Para los periodistas y académicos especializados en nuevas tecnologías, el convenio por 2 años que se pretende instrumentar a través de la resolución 166-E/2016 firmada por Peña no sólo incumple con la ley 25236 de Protección de los Datos Personales. El escándalo abierto por esta denuncia también forma parte de un debate más amplio, planetario: la existencia de un mega-Estado de vigilancia global que, en silencio y algunas veces de modo ilegal, accede a los “metadatos” (datos sobre datos) de los usuarios de las plataformas de comunicación asociadas a la web, como Google, Apple, Facebook, Amazon y Netflix.

Con este panorama como trasfondo, legisladores, académicosy periodistas analizaron y debatieron sobre estos temas el jueves por la noche en el marco de un ciclo de charlas públicas organizado por el Instituto Patria. Convocado bajo el título “Del Estado de Derecho al Estado policial, violación de datos personales”, el debate reunión a Santiago O’Donnell, autor de los libros ArgenLeaks y PolitiLeaks, el periodista argentino que más trató al hacker activista Julian Assange; la diputada Teresa García (FpV), quien estuvo a cargo de la presidencia de la comisión bicameral de seguimiento a los organismos de inteligencia hasta el 10 de diciembre; el docente universitario Gonzalo Carbajal, profesor del posgrado de Nuevas Plataformas y TV digital de la Universidad Nacional de La Matanza; y la ex ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, quien ejerció además como moderadora.

Con una gran capacidad para conectar datos que suelen presentarse escindidos pero que conforman una matriz, Carbajal explicó los lineamientos básicos del programa de vigilancia electrónica masiva de los Estados Unidos llamado ‘Prism’, que lleva adelante la National Security Agency (NSA). También contó las implicancias –la mayor de las veces secreto- del accionar de la NSA y los cortocircuitos que esa agencia estatal de los Estados Unidos tuvo en su acción con la Unión Europea y algunas empresas, como Apple, que se resiste a entregar datos privados de los usuarios de sus teléfonos Iphone. O’Donnell luego contrastó la renuencia de Apple con la disposición total de Facebook –utilizó un chiste que hizo reír al auditorio- a aceptar las exigencias de los organismos de seguridad e inteligencia de los EEUU.

Carbajal relacionó el contexto global con algunos movimientos recientes de la administración de Macri. Recordó que los funcionarios del PRO, y hasta el propio presidente durante su visita a la ciudad suiza de Davos, estuvieron reunidos con CEO’s y representantes de empresas asociadas al uso de datos, como Facebook y McKinsey. Esas compañías bregan –al menos en el caso de McKinsey- por el acceso irrestricto y el entrecruzamiento de la información privada de los ciudadanos que figura en las bases de datos de distintas dependencias del Estado. “Por todo esto yo digo que los datos son el petróleo del siglo XXI. Las empresas que transportan datos hoy son más fuertes que la propia Chrysler o las petroleras”, aseguró Carbajal. El docente universitario recordó que a pesar de las restricciones que impuso la Reforma Política aprobada durante el kirchnerismo para garantizar condiciones de mayor igualdad en las campañas electorales (espacios en TV y radio), esas regulaciones no rigen para la publicidad digital que aparece en la web.

Carbajal también puso bajo la sospecha el esfuerzo que pone la gestión Cambiemos en implementar el voto electrónico en todo el país: recordó que el activista digital y programador Joaquín Sorianello demostró que el sistema de la Boleta Única Electrónica (BUE) ya utilizada en las elecciones porteñas es vulnerable y puede ser manipulado.O’Donnell hizo hincapié en revelaciones que hasta hace poco tiempo podían sonar a teorías conspirativas pero que Edward Snowden y Julian Assange demostraron con la contundencia de los datos: el primero contó que una empresa sudafricana de comunicaciones ofrecía vender todas las comunicaciones de un país –una nación equiparable a Argentina por cantidad de población- durante 10 años por dos millones de dólares. Assange demostró que la NSA espiaba los mails de Angela Merkel y Dilma Rousseff a pesar de los programas de encriptación.

O’Donnell también recordó que Assange llegó a reprochar los alcances de un programa de seguridad implementado durante la gestión de CFK, el SIBIOS, que permite leer iris y huellas dactilares. La ex ministra de Seguridad defendió la medida y dijo que durante el anterior gobierno existían protocolos que impedían el uso discrecional de información privada.

En el cierre de la charla, la diputada García –que también es secretaria parlamentaria del bloque del FpV- cuestionó largamente los argumentos esgrimidos por el jefe de gabinete para justificar el convenio entre la secretaría de Comunicación Pública y el ANSES. “Dijo que el objeto era permitir entender las problemáticas individuales, para hacer una comunicación segmentada. Pero a pesar de todo, Peña, que explica todo, esto no lo puede explicar”, cargó. García enumeró una serie de medidas que consideró sospechosas y consideró parte de una estrategia global, la de poner en marcha “un Estado policial” en la Argentina. Recordó que Peña contrató en la Jefatura de Gabinete a personal civil de la Fuerza Aérea Argentina y del Ejército, con formación de PCI (personal civil de inteligencia), para hacer “tareas de análisis”. También mencionó el retorno del secreto en el funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tanto en la identidad de los agentes como en la cantidad de los fondos que utiliza la ex SIDE.

“Todas estas cosas avanzan más cuanto más ocultas son. El problema que tienen ellos es que este modelo económico es el que necesita un Estado policial”, advirtió García. Fue lo más parecido a una conclusión, pronunciada entre aplausos y comentarios que reflejaban impacto por algunas revelaciones.