Delegados de ATE Congreso repudiaron los manuales difundidos por el gobierno

En una declaración publicada esta mañana, los delegados de la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado del Congreso repudiaron los manuales que fueron distribuidos por el ministerio de Educación a alumnos de escuelas primarias y que cuestionan la legalidad del derecho a huelga haciendo alusión a un conflicto gremial protagonizado por los trabajadores del Palacio Legislativo en el año 2004.

La declaración señala que “en 2004, las Juntas Internas de ATE Congreso y Asociación del Personal Legislativo reclamaron mejoras en las condiciones de trabajo de los legislativos y el aumento de los sueldos de los compañeros de los cinco sectores. La negativa de las autoridades a seguir dialogando con los referentes sindicales motivó la toma de distintos espacios del Palacio”

“Trece años más tarde”, continúan, “nuestra lucha, según informan los diarios Página/12 y Diario Tiempo Argentino, fue utilizada por el Ministerio de Educación de la Nación, que distribuyó un manual en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires donde se cita una nota opinión del diario Clarín del 20 de diciembre de 2004, que se titula “Una protesta que daña al Congreso”. De este modo, el gobierno busca que los alumnos «aprendan» que la manifestación de los legislativos fue una forma de “entorpecer a la democracia””.

Tal como se señaló en el sitio web de este medio, los trabajadores señalan que “el gobierno nacional debiera atender el artículo 14 bis de la Constitución Nacional: “Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”.

La difusión de los manuales se da en momentos en los que se produce una fuerte ofensiva del gobierno contra abogados laboralistas y cuando la legislatura de la provincia de Córdoba cercenó el derecho a huelga incorporando en forma inconstitucional el transporte terrestre como servicio esencial.