El delito de defender la tierra, el bosque y el agua

«Al día siguiente de la detención de Vic, el gobernador Ignacio Torres salió a dar una conferencia de prensa y dijo que habían detenido a los responsables del incendio de Epuyén. Una falaz mentira que sólo se explica porque no quieren que sigamos resguardando los territorios codiciados por las empresas extranjeras y sus proyectos extractivistas. Esta persecución no es casual», sentencia Evis Millan, miembro del Lof Mapuche-Tehuelche Pillan Mahuiza y parte de la vocería de la campaña colectiva que pide por la liberación de Victoria Núñez Fernández, detenida desde la madrugada del 11 de febrero cuando una numerosa comitiva de uniformados encapuchados –entre ellos el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) que funciona como unidad antiterrorista de la Policía Federal– irrumpió en dicha comunidad, en la localidad de Corcovado, Chubut, con el pretexto de encontrar a los responsables de los incendios que arrasaron 300 mil hectáreas en la Patagonia.

“Entraron a las casas –continúa Evis– de forma muy violenta; tiraron puertas abajo, rompieron ventanas, nos apuntaron con armas largas y nos colocaron precintos y esposas a algunos miembros del Lof, incluso a mi padre de 80 años. Nos tomaron fotos de nuestras caras y pies y nos hisoparon bajo amenaza de llevarnos detenidos. Nos secuestraron hasta los bidones de nafta que nosotros necesitamos para calefaccionarnos con leña. Fue terrible”.

Esa madrugada de terror, hubo un total de 12 allanamientos en comunidades Mapuche -Tehuelche de Chubut, incluida la radio comunitaria Petü Mogeleiñ, ordenados por el juez penal de Esquel Jorge Criado, fervoroso militante radical (y luego del PRO), miembro de la Sociedad Rural y con el antecedente de una denuncia ante la ONU por prácticas discriminatorias contra, justamente, los pueblos mapuches.

Más allá de su parcialidad conocida en estos casos, la orden del juez también sirvió para complacer el berretín del gobernador Torres, quién unas horas atrás había calificado a las comunidades mapuche de “terroristas del fuego”.

Vic, como la nombran todos en Pillan Mahuiza, fue la única detenida bajo los cargos de “coautoría de atentado en la estancia Amancay, en la localidad de Trevelin; participación en una asociación ilícita; y disturbios en la vía pública”.

Montaje

“Su imagen fue utilizada por la prensa oficial del Ministerio de Seguridad y del Gobierno de Chubut como propaganda y desinformando a la ciudadanía, calificándola de ‘terrorista’, además de que se refirieron a ‘detenidos’ en plural, y a identidades mapuche, cuando Victoria no es mapuche y no vive en el Lof Nahuelpan (Esquel) como tuiteó la ministra Patricia Bullrich en su cuenta personal. Vic vive y es parte del Lof Pillan Mahuiza. El montaje mediático fue visiblemente coordinado; necesitaban justificar semejante operativo”, expresó el comunicado de la campaña por la libertad de Victoria.

En simultáneo, el trabajo de la defensora oficial probó, gracias a la geolocalización de su camioneta, que el día de los incendios en la estancia Amancay, en Trevelin, Victoria se encontraba en su comunidad de Corcovado, es decir, a unos 80 kilómetros de distancia. El peso de la evidencia obligó al juez Criado a beneficiarla con la prisión domiciliaria que se hizo efectiva en Esquel, a unos 100 kilómetros de su comunidad.

Vic, de 37 años y oriunda del oeste bonaerense llegó al Lof Pillan Mahuiza en 2020 como voluntaria para el campamento climático organizado por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Desde entonces abrazó al pueblo mapuche y nunca más lo soltó.

“Nos preocupa –dice Evis– que los fiscales quieran seguir extendiendo la prisión de Vic; sentimos que este gobierno no tiene nada para culparnos, entonces armó una causa para decir que los mapuches somos culpables de los incendios. Lo que está sucediendo responde a la lógica de un Estado que necesita nuestros territorios”.

Preso político

Mauricio Cornejo estuvo 23 días encerrado en una celda de la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (ESTRADA), en el Polo Judicial Penal de Mendoza. En esos escasos metros cuadrados, Cornejo realizó la rehabilitación de una operación de clavícula con dos botellas de Coca Cola llenas de agua. No fue capaz de limpiarse los puntos por recomendación de las enfermeras: la poca higiene del lugar podría provocarle una infección.

“Fue una pesadilla –dice ahora Mauricio, recién instalado de vuelta en Uspallata, una localidad mendocina de 15 mil habitantes enmarcada por montañas– porque estaba incomunicado, sin derecho a visitas, esa sensación de que había una mano negra detrás de lo que me estaba pasando. Hasta que me di cuenta de que me había convertido en un preso político. Encima hacía dos semanas que me habían operado por un accidente en la moto y estaba sin asistencia médica, no me llevaban al hospital para los controles. Era raro poder dormir tres horas seguidas. Había días que me la pasaba llorando. Tuve que empoderarme, hacerme fuerte. Era supervivencia humana”.

A Mauricio y a su compañero Federico Soria el fiscal Juan Manuel Sánchez los acusó de pertenecer a una agrupación dedicada a la coerción ideológica mediante el miedo y el terror, basándose en un artículo del Código Penal que no se aplicaba desde la última dictadura cívico-militar.

A Mauricio, en realidad, la justicia de Mendoza lo escarmentó por su empecinada defensa del agua. El 24 de enero pasado, en medio de una nueva avanzada minera del gobierno de Alfredo Cornejo, barras de fútbol y patoteros de la UOCRA que habían llegado en micros a Uspallata para el acto de inauguración de la oficina de la Cámara de Proveedores Mineros, golpearon a los vecinos que desde el año 2007 se organizan para rechazar la instalación del proyecto San Jorge para la explotación de cobre.

“A Flavio González, un compañero nuestro, lo agarraron entre varios. Agarré el matafuego de mi negocio y les empecé a tirar hasta hacerlos retroceder. Fue la única manera de salvarlo. La policía había liberado la zona, no intervenía. Estaba todo orquestado”, recuerda Mauricio.

Finalmente, en la mañana del jueves 3 de abril, la jueza Claudia Tula dispuso de libertad de Cornejo y Soria al declararse incompetente en la causa, derivándola al fuero federal. Ambos integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata continúan procesados.

“Nos sentimos víctimas de una persecución –concluye Cornejo–, el gobierno provincial empezó una cacería ideológica contra quienes no queremos proyectos mineros que contaminan nuestros ríos, destruyen nuestras montañas e impactan en nuestros glaciares. Me tocó vivirlo en carne propia, pero somos muchos los que defendemos el agua de Mendoza”.  «