Denuncia de maltratos y discriminación en la Comisión de Discapacidad

“Siento mucha impotencia, angustia y desesperanza. Necesito poder progresar y que alguien me escuche y atienda mi denuncia”, dice Natalia Gulino. Tiene 36 años. El suyo es un caso testigo de la precarización del trabajo en el Estado, una situación que se ve acentuada por su condición y porque denuncia maltratos precisamente en el organismo que vela por las personas que, como ella, viven con una discapacidad.

Trabaja desde 2008 en la Comisión para la Plena Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) del Gobierno de la Ciudad, “donde la pasé realmente muy mal. Fueron muchos años de trabajo en forma totalmente precaria, trucha e ilegal”. Tres veces logró Natalia obtener un pase en comisión a otras dependencias: a ATE Capital, en 2013, a la Legislatura en 2015 como asesora en temas de discapacidad y salud del diputado Alejandro Bodart, y luego a la CTA Autónoma Capital. “Recién en junio del año pasado me pasaron recién a planta transitoria, pero yo sigo dando pelea, ya que me corresponde entrar en planta permanente y que se me reconozca la antigüedad de todos los años trabajados en forma precaria, y que se me equipare el sueldo al de otros empleados”. Natalia denuncia discriminación y también persecución ideológica, “en represalias por defender mis derechos y negarme a realizar trabajos partidarios para la alianza Pro-Cambiemos”.

Y maltratos. Natalia es no vidente, y tiene además una discapacidad visceral, provocada por una trisomía del par 9. Cuenta que le daban trabajos para leer, o le ordenaban llamar por teléfono a hipoacúsicos, para encuestarlos. Un absurdo.

“En COPIDIS no les interesa absolutamente nada de lo que dicen promover y defender. Viven dando cátedra sobre la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ellos mismos no hacen cumplir”, agrega Gulino. El año pasado tramitó en la defensoría del Pueblo de la Ciudad un pedido de informes sobre su situación. Desde COPIDIS contestaron que no depende de ese organismo el pase a planta permanente.

“Meten a familiares y amigos con sueldazos a trabajar en organismos públicos, y los que necesitamos progresar, no podemos tener un sueldo digno y acorde para poder lograr la famosa ‘vida independiente’, de la que esta gente se llena la boca hablando en jornadas que ellos mismos se dan el lujo de organizar”, dice Natalia, que debió adaptar ella misma su puesto de trabajo, con un lector de pantalla específico para su discapacidad, y hasta los auriculares para silenciar la voz robótica del programa. “Jamás cobré pensión ni subsidio alguno: lo poco que conseguí hasta ahora fue por mi lucha e insistencia”.

Mientras se recortan pensiones y beneficios a las personas con discapacidad, y en un espacio que debería llevar adelante políticas de inclusión, Natalia Gulino se considera una víctima de la exclusión.