La presentó la diputada Victoria Donda. Es por el delito de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público". El FpV pidió tratar en Diputados un proyecto para derogar el decreto por "inconstitucional".
Donda y sus compañeros de bancada de Libres del Sur, Federico Masso y Graciela Coussinet, presentaron una denuncia penal ante el Tribunal Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, por «la posible comisión del delito de Abuso de Autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, consagrado en el artículo 248 del Código Penal».
El comunicado de prensa menciona que el decreto 1206/2016 firmado la semana pasada por el presidente Macri, su jefe de Gabinete Marcos Peña y su ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay -quien alguna vez fuera aliado de Donda en el extinguido Frente UNEN-, «contradice explícitamente la Ley 27260 que aprobó el Congreso con relación al blanqueo de capitales, porque prohíbe el ingreso de familiares al mismo».
«Es inconcebible que el Poder Ejecutivo haya redactado un decreto que modifica el decreto que reglamenta la ley que se aprobó en el Congreso, cuando la misma plantea claramente que los familiares de funcionarios públicos no pueden participar de la operación», mencionó Donda.
«Nos dejó boquiabiertos a todos los legisladores que participamos de los debates, ya que se incluyó la prohibición por explícito pedido del diputado Felipe Solá (del Frente Renovador), quien con toda razón sospechaba que el blanqueo podía abarcar a funcionarios de este o el anterior gobierno que hubieren evadido impuestos o fugado dinero mal habido», agregó.
«Esperamos que el Juez Lijo de lugar a la denuncia, ordene la derogación del decreto e investigue las razones por las que se dictó. Los argentinos honestos estamos cansados de escuchar discursos que plantean una falsa moral y una ética mentirosa que sólo se aplica para las campañas electorales y los adversarios políticos. Queremos enfrentar la corrupción en serio, sin importar de qué partido político sean los corruptos o evasores», finalizó.
El artículo 248 del Código Penal plantea textualmente: «Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere».
En Diputados
El bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ planteó en el recinto una cuestión de privilegio contra del decreto presidencial destinado a permitir la incorporación de familiares de funcionarios al «sinceramiento fiscal».
El jefe de bloque, Héctor Recalde, solicitó al plenario de la Cámara que trate el 14 de diciembre un proyecto de resolución para derogar por «inconstitucional» el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri que permite a parientes de funcionarios sumarse al blanqueo de capitales.
Recalde resaltó que un decreto «no puede estar por encima de una ley» y aseguró que pese a estar el Congreso en período extraordinario de sesiones «no hay ninguna norma que impida que sea tratado» el proyecto de resolución.
El diputado del Frente Renovador, Felipe Solá, después sumó una cuestión de privilegio por el mismo tema y se preguntó si permitir el blanqueo a parientes de funcionarios no será «para que su padre (por Franco Macri) pueda blanquear, para que otros CEOs puedan blanquear».
Solá sospechó que el decreto «no lo van a eliminar porque el niño mimado (en alusión al Presidente) quiere que su papi pueda blanquear».
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