Denuncia penal de la Comisión Provincial por la Memoria a diputados que visitaron a genocidas

Un pedido para crear una comisión parlamentaria especial que determine responsabilidades y proponga medidas ejemplificadoras y una denuncia penal de la Comisión Provincial por la Memoria contra el diputado libertario Beltrán Benedit, se convirtieron en las últimas horas en los pasos más firmes hacia algún tipo de sanción contra los legisladores libertarios que visitaron en la cárcel de Ezeiza a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad.

Ambas presentaciones marcaron la reacción institucional más firme desde que se conoció la reunión de los diputados y diputadas con condenados como Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Carlos Suárez Mason hijo y Aldolfo Donda, entre otros. Hasta ahora, ese hecho había provocado el repudio generalizado de fuerzas políticas, organismos de Derechos Humanos y personalidades públicas.

El Congreso tomó nota del rol que le cabe en este asunto. Esta semana el bloque de Unión por la Patria, presidido por Germán Martínez presentó un proyecto de ley para crear una comisión especial que «determine responsabilidades» y proponga «medidas ejemplificadoras» contra los asistentes a la visita. A su vez, bloques dialoguistas le transmitieron su malestar al titular de la Cámara baja, Martín Menem, quien se despegó de ese hecho y lo atribuyó a una decisión personal. El argumento no convenció en la Cámara baja.

El proyecto de resolución de Unión por la Patria apela al artículo 66 de la Constitución Nacional y al artículo 188 del Reglamento de la Cámara baja. “La concreción de este tipo de conductas no debe pasar desapercibida y debemos actuar ante cualquier intento de propiciar la impunidad de las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar”, señalaron en los fundamentos.

“En virtud del cumplimiento de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y para que no se consoliden acciones que tiendan a la impunidad de los actos más aberrantes de la historia de nuestro país, la Cámara de Diputados debe tomar acciones para determinar responsabilidades y corregir tanto a los arriba mencionados como otros que pudieran haber participado, acompañado y/o facilitado recursos”, finaliza la iniciativa del bloque presidido por Germán Martínez. Esta bancada quiere saber si los diputados prepararon la visita con anuencia de las autoridades del cuerpo, si involucraron personal de ceremonial para coordinarla y confirmar si, efectivamente, usaron un vehículo oficial -Renault Master blanca- para trasladarse al penal de Ezeiza.

A su vez, la Comisión por la Memoria presentó el viernes una denuncia penal contra el diputado nacional Beltran Benedit (LLA) por el delito de apología del crimen, según lo estipula el artículo 213 del Código Penal. Benedit fue mencionado por el portal La Política on Line como quien promovió una visita, junto a otros diputados de su mismo bloque: Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo y Guillermo Montenegro. En la presentación, la CPM plantea que luego de esa visita, Benedit  realizó una serie de declaraciones, que se hicieron públicas a través de redes sociales, en las que llamó a los represores “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista” e intentó negar los crímenes cometidos. La CPM considera que estas expresiones públicas son constitutivas del delito de “apología del crimen” y deben investigarse y juzgarse pues son una afrenta a la democracia. “Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, justificó Benedit en redes sociales. Además, en una captura de pantalla publicada textualmente se puede leer: “¿Les duele la visita humanitaria? Sí. ¿Las Fuerzas Armadas vencieron al terrorismo marxista por las armas? Sí. ¿El Presidente combate en la política esta ideología? Sí. ¿Cuál es su última guarida? ¿El Poder Judicial? Sí. ¿Los vamos a combatir? Sí. ¿Cómo? Denunciando públicamente a los jueces que armaron y fallaron a favor de esta farsa. ¿Cómo? En el Consejo de la Magistratura”.

Como todas estas manifestaciones fueron realizadas de manera pública en una red social de alcance masivo, la CPM consideró en su presentación judicial que existió un interés del diputado para que sus ideas fueran difundidas ampliamente y conocidas por la mayor cantidad posible de personas. Es decir que hubo una clara intencionalidad para que este posicionamiento político ideológico que defiende a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad tuviera consecuencias sociales.

“Por todo esto, la CPM considera que estas expresiones públicas son constitutivas del delito de apología del crimen y así deben investigarse y juzgarse, ya que el Estado tiene la obligación no sólo de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad sino también de sancionar penalmente cuando un funcionario público (o cualquier persona) incurre en una actitud de evidente apología de este tipo de delitos que afectan a la sociedad toda”.  «