Es por la implementación del protocolo que permite disparar armas de fuego en situación de fuga.
La denuncia por «abuso de autoridad» e «incumplimiento de deberes de funcionario público» quedó a cargo de la jueza federal María Servini, según el sorteo realizado en la Cámara Federal porteña.
Además, pidieron suspender la aplicación de la resolución hasta que se dicte una sentencia definitiva «en atención a la gravedad de la situación que plantea» y que «puede ocasionar la muerte de personas».
Para ello Rozanski y Alen reclamaron el dictado de una medida cautelar, además del llamado a declaración indagatoria a Bullrich y que se dicte la inconstitucionalidad de la resolución 956/2018.
«Se está consagrando, por vía de un reglamento aprobado por una resolución ministerial, la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo por parte de los integrantes de las fuerzas federales de seguridad», sostuvieron los denunciantes en el texto.
La Constitución Nacional «prohíbe la pena de muerte» y además «prohíbe a cualquiera que no sea el Congreso legislar en materia penal», señalaron. «Queda más que claro que incluso si no estuviera prohibida la implantación legal de la pena de muerte en nuestro país, tampoco podría hacerlo una funcionaria dependiente del Poder Ejecutivo, como es la Ministra de Seguridad», concluyeron.
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