Denuncian a Macri y a Gerardo Morales por «inducción al suicidio» de Milagro Sala

Es luego de que la dirigente social jujeña se autolesionara al ser enviada a prisión a pesar de que la CIDH había ordenado la domiciliaria.

El comité por la Libertad de Milagro Sala presentará este viernes una denuncia en la Justicia Federal contra el presidente Mauricio Macri, el ministro de Justicia, German Garavano, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el juez federal Pablo Pullen Llermanos por inducción al suicidio de Milagro Sala producto del incumplimiento de la medida cautelar dictada por la CIDH.

Este jueves, alrededor de las 23, Milagro Sala se autolesionó en el penal de Alto Comedero, donde fue enviada nuevamente tras pasar un breve tiempo en prisión domiciliaria en cumplimiento de una decisión de la CIDH.

Desde la Tupac Amaru responsabilizan en forma directa al Presidente Mauricio Macri, al gobernador Gerardo Morales y a los jueces por el incumplimiento de la medida cautelar vigente de la CIDH.

También podés leer: Una detenida de la Tupac intentó suicidarse al negarle atención médica 

Según informó la organización, el hecho ocurrió “tras ser notificada a las 21.40 por el Juzgado del rechazo al pedido de internación realizado por la defensa de la diputada del Parlasur en una clínica privada en el marco de un hábeas corpus presentado tras el traslado al penal de mujeres de Alto Comedero, violatorio de la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aún vigente”.

“La dirigente social fue atendida primero por el SAME y luego por el médico cirujano del penal que saturó la herida en el antebrazo en la unidad carcelaria”, aseguró la organización en un comunicado.

En el texto, la Tupac Amaru explicó: “Desde el 11 de octubre, Milagro Sala, a través de un médico del Poder Judicial dio a conocer que estaba tramitando la internación en una clínica privada para realizarse distintos estudios médicos, tal como la habilita la ley de Ejecución Penal 24660. El viernes 13, el juez Pullen Llermanos sin previa notificación ni a la diputada del Parlasur ni a su defensa, envió una decena de policías para trasladarla compulsivamente al Hospital Pablo Soria, supuestamente a realizarse análisis de sangre y un electrocardiograma. La dirigente social se negó, advirtiendo que no estaban notificados sus abogados”, explicaron.

Luego de ese hecho, el sábado un grupo del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales “la trasladó violentamente en piyama al penal, según el juez, para cuidar su estado de salud, aunque citó en la resolución los informes de Departamento Médico del Poder Judicial que sugerían contacto con la familia las 24 horas y daban cuenta de un cuadro de depresión y de ideación suicida”.

“El martes, se presentó ante el juzgado de turno un hábeas corpus con dos objetos. El primero que se autorice la internación en la clínica privada; y el de fondo que se resuelva el traslado al inmueble de El Carmen para que se continúe dando cumplimiento parcial a la medida dispuesta por la CIDH ante el riesgo de daño inminente para la salud psicofísica de Milagro Sala de permanecer dentro de la unidad carcelaria”, relataron.

El miércoles, durante una audiencia judicial con el juez Cruz en el que se le presentó un informe médico sobre un cuadro de depresión que atraviesa la dirigente, con elevado monto de angustia, que impidió incluso que mantuviera contacto visual con las personas que la entrevistaban producto de una crisis de llanto que se desató cuando comenzó a relatar los hechos que tuvieron lugar el sábado.

A pesar de la fragilidad del estado de Sala, el juez no autorizó ni la internación en la clínica, ni el traslado a la localidad de El Carmen y minutos después el abogado Luis Paz fue informado de que Milagro se había autolesionado.

“Desde la Tupac Amaru responsabilizan en forma directa al Presidente Mauricio Macri por el incumplimiento de la medida cautelar vigente de la CIDH, al contador Gerardo Morales y a los jueces Pablo Pullen Llermanos e Isidoro Cruz por negarle la atención médica que solicitan y que está autorizada por la ley de Ejecución Penal”, sostuvieron.

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