Denuncian al fiscal general de Mar del Plata por haber espiado a Madres en dictadura

La CPM aportó documentos que involucran a Fernández Garello, entre otros agentes de la DIPPBA, en la causa que investiga los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y de la detención de tres militantes del Partido Comunista, el 23 de Julio de 1981. Entonces era oficial subinspector de la repartición policial de espionaje y participó tanto del operativo conjunto, coordinado con la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como de los “interrogatorios” a los que fueron sometidos las víctimas.

Por otra parte, también envió documentación ampliatoria en la causa por la desaparición de Ana María Martínez, en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en la Zona Militar IV. La delegación DIPPBA San Martín, donde actuaba Fernández Garello, era parte de esa zona militar a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.

Además de la denuncia en los juzgados federales, el organismo provincial denunció a Fernández Garella ante la Suprema Corte de Justicia y la Procuración bonaerense: “Ante la gravedad institucional del caso, la CPM solicita su juicio político y el urgente apartamiento de sus funciones”, dijo en un comunicado la comisión presidida por el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

De espía de la dictadura a fiscal 

Durante la dictadura cívico-militar, el ahora fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, se desempeñó primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Sólo entre 1978 y 1982, participó en 17 intervenciones de actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.

Todas esas acciones quedaron registradas en el archivo de la DIPPBA, que está bajo control de la CPM. Según esos documentos, en su rol de policía Fernández Garella realizaba espionaje político y gremial: operó en conflictos laborales y gremiales en Textil Patagónico, Fiat Concord y Deutz Argentina, entre otros. También hizo registro de murales y panfletos pertenecientes a distintos partidos y agrupaciones políticas.

La DIPPBA era una suerte de policía política del terrorismo de Estado que tenía por objetivo la búsqueda de “delincuentes terroristas”, como definían la persecución del comunismo como identificación de toda oposición política a la dictadura. Sus espías se infiltraban en organizaciones sociales y políticas, y Fernández Garello interviene en el informe que implicó para su desarrollo la infiltración en una reunión mantenida entre autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y las Madres de Plaza de Mayo. También se infiltró en cooperadoras escolares e incluso de una agencia de turismo que promovía como destino al Kremlin.

“La permanencia de Fernández Garello como fiscal general es inadmisible en democracia porque se trata de una persona que, por sus acciones en la DIPPBA, fue parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado”, denunció la CPM.

Por la relevancia de las funciones que cumple en el marco de las instituciones democráticas hace que sea incompatible su continuidad en el cargo. Entre sus funciones, por ejemplo, está la puesta en marcha de la policía judicial en el departamento de Mar del Plata. La policía judicial es una reforma que apunta a la renovación del sistema judicial y aporta a la modificación del paradigma de investigación, basado en la delegación fiscal en la policía bonaerense. De ninguna manera, entonces, puede quedar bajo las órdenes de una persona que fue agente de inteligencia y perpetró delitos de lesa humanidad.