Denuncian despidos de docentes en Escuela ORT por razones ideológicas

La ORT fue fundada por la comunidad judía en la Argentina hace poco más de seis décadas en la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con dos sedes distribuidas en los barrios de Almagro y Belgrano. Allí asisten alrededor de 7.200 estudiantes distribuidos en tres niveles educativos que van desde el primario hasta el terciario.

En rigor, la filial porteña representa apenas uno de los Institutos que funcionan en 60 países en todo el mundo donde se haya instalado la colectividad judía y donde, se estima, asisten 300 mil estudiantes. La ORT fue fundada en la Rusia imperial de los zares en 1880 y ha sido un ícono de la lucha y el reagrupamiento de la comunidad judía perseguida primero por los pogroms rusos y luego por el régimen nazi en tiempos del holocausto en Alemania. Esa historia, su propia historia, le ha valido para erigirse como un símbolo de la lucha contra la persecución por motivos étnicos, religiosos y políticos. Su trayectoria ubica a la escuela, abierta a todas las orientaciones religiosas, como una de las más prestigiosas de la Ciudad de Buenos Aires a la que asisten hijos de funcionarios, artistas y referentes de la cultura y la política nacional. Es considerada una referencia educativa para gran parte del llamado “progresismo” porteño.

Sin embargo, ahora, parece haber pasado por alto su propia historia puesto que, según denuncian sus flamantes delegados, el viernes por la mañana la seguridad privada que custodia el edificio contra potenciales agresiones externas fue utilizada para impedir el ingreso de docentes que se desempeñan en la institución, algunos hace más de una década, y que fueron notificados de la decisión de despedirlos “sin causa”.

Se trata, en gran parte, de aquellos docentes que participaron de una u otra forma en la reconstrucción del tejido sindical de la escuela, ausente hace ya más de treinta años y que decidieron elegir una comisión interna de delegados en mayo de este año.

La escuela evitó despedir a los y las delegados electos consciente de la prohibición expresa que existe pero apuntó sus cañones contra la base de sustentación del cuerpo de delegados con el propósito de amedrentarlos y debilitar la organización gremial. Lo hizo sin preaviso y habiendo adelantado el fin del ciclo lectivo y hasta la fiesta de fin de año de los y las docentes para impedir una respuesta organizada de toda la comunidad educativa.

Según denunciaron los delegados, las mismas autoridades reconocieron la inexistencia de motivos pedagógicos y por eso aseguran que “las verdaderas razones son ideológicas y, por lo tanto, disciplinantes y persecutorias”. Para los delegados, por eso, “el 6 de diciembre fue un día negro para nuestra comunidad educativa”.

Mariela Solesio, una de las ocho integrantes del cuerpo de delegados de UTE- ORT, explicó a Tiempo que “los despidos arbitrarios y sin causa tienen el objetivo de acallar nuestra voz al interior de la escuela, atentan contra el derecho democrático a organizarnos para defender nuestras condiciones de trabajo, vulneradas por las autoridades, y pretenden ser un vehículo para preservar la precarización laboral que sufrimos diariamente. No vamos a permitir que pasen, vamos a luchar por la reincorporación de todos y todas».

La escuela, como tantas otras instituciones privadas y confesionales, se beneficia con un subsidio estatal del 60% de su presupuesto y, al mismo tiempo, recauda una cuota mensual por alumno de unos $19 mil, que equivalen aproximadamente al salario que percibe un docente con 14 horas cátedra por semana.

La elección de los delegados tuvo el propósito de mejorar sus condiciones laborales cumpliendo con las normativas de cursos de capacitación, jornada de trabajo y respeto del horario de almuerzo. Una de las docentes despedidas, Paula Muller, denunció en su cuenta de Facebook: «No hicimos más que exigir condiciones dignas que cualquier trabajador o trabajadora merece y más aún en un contexto donde hay recursos para resolver lo solicitado, sabemos que la escuela solo con un poco de voluntad y decisión institucional podría solucionar estos reclamos”. «Siempre nos encontramos con negativas, cierre de los canales de diálogo y diversas represalias como una grilla  horaria de trabajo irrisoria o sobrecarga abrumadora de tareas”, agregó.

Además, explicó: «La gran mayoría de lxs despedidxs somos docentes de ciencias sociales que enseñamos incansablemente en las aulas que todos nos merecemos los mismos derechos, de lo contrario son privilegios. Enseñamos eso (entre muchas otras cosas) y luchamos por eso todos los días desde las aulas y desde nuestro compromiso con la educación pública y privada”.

«Construimos saberes junto con los estudiantes acompañamos sus trayectos con un alto compromiso académico y pedagógico, creemos en la educación como una construcción colectiva y como un camino hacia una sociedad más justa”, señaló y consideró que “esta medida no solo es amedrentadora sino que también está impregnada de una mirada misógina y patriarcal y responde a la lógica empresarial de una patronal autoritaria que no entiende y no valora la educación tal como nosotrxs la concebimos”.

«Queremos una educación que enseñe a pensar, no a obedecer”, manifestó y agradeció los mensajes de apoyo y solidaridad de sus ex estudiantes.

El director general de ORT Argentina Adrián Moscovich había reconocido, en una entrevista en La Nación TV, el derecho de los docentes a ejercer la huelga. Tiempo Argentino intentó comunicarse sin éxito con él para garantizar la oportunidad de ofrecer su versión de los hechos. Lo mismo con Alejandro Ferrari Director de la sede Yatay donde se concentran las cesantías.

Las manifestaciones de apoyo para que la institución revise su decisión provinieron no solo del colectivo de docentes sino también de los estudiantes y de los familiares. Por ese motivo, la comisión interna enrolada en la Unión de Trabajadores de la Educación en su rama privada, convoca a un abrazo solidario de toda la comunidad educativa a la sede de la calle Yatay el miércoles a las 17.