Denuncian despidos en el sector privado en medio de la cuarentena sanitaria

No habían pasado siquiera 24 horas del aislamiento social obligatorio y la cadena Cinemark ya había decidido despedir a 60 empleados. La compañía de origen norteamericano factura unos U$S 3300 millones al año. En tanto, Techint, uno de los grupos privados más grandes del país envió el viernes 1450 telegramas de despido.

Trabajadores de GPS, tercerizada de Aerolíneas, denunciaron la cesantía de dos empleados por reclamar condiciones de seguridad e higiene y la suspensión de otros que se desempeñan en Ezeiza y el Aeroparque. Las petroleras que operan en Vaca Muerta anunciaron su intención de reclamar Procedimientos Preventivos de Crisis para avanzar con suspensiones, reducciones salariales y cesantías.

Cattorini, que fabrica vidrio, anunció la reducción del 40% del salario a los trabajadores licenciados. La aerolínea Latam llevó ese achique al 50% a partir de abril. La prepaga de salud Swiss Medical notificó a su personal que no pagará las licencias por cuidado.

Trascendidos indican que la Unión Industrial Argentina estaría sondeando a la CGT y al gobierno para avanzar en una reducción generalizada de salarios mientras dure la cuarentena. El secretario de prensa de la CGT, Jorge Sola, desmintió ese acercamiento pero advirtió: «No descarto que estén operando sobre algunos medios. No vamos a sentarnos para discutir eso a no ser que nos convoque el gobierno». Fuentes de Trabajo señalaron que «no hay ningún pedido formal en ese sentido».

Zona liberada

El decreto de aislamiento social obligatorio no limita ni prohíbe los despidos y suspensiones en el sector privado registrado y relega toda la política de contención ante la crisis al Estado que, además, concedió Repro, exenciones impositivas y créditos blandos a empresas para amortiguar la recesión.

Para los trabajadores bajo convenio, la única cobertura es la doble indemnización que estableció el gobierno para los primeros seis meses del año, que no alcanza a los 5 millones de trabajadores no registrados.

La Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) denunció que recibió «miles de denuncias de incumplimientos por parte de los empleadores a las medidas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria». En un comunicado puntualizó que las denuncias se refieren a «empresarios que obligan a los trabajadores a asistir a sus lugares de trabajo aunque no se trate de actividades exceptuadas, licencias que no se pagan, empresas que suspenden por ‘fuerza mayor’ a los empleados eludiendo la normativa protectoria que impide esas decisiones unilaterales» y hasta «tareas fabriles que se realizan sin la adecuada protección». Por ello, exigieron «la adopción de nuevas disposiciones para garantizar el aislamiento y la protección de los sectores más vulnerables».

La ausencia de disposiciones que prohíban despidos durante la cuarentena plantea aristas que alcanzan la desprotección sanitaria. En el marco del aislamiento social, permitir a las empresas «dejar gente en la calle» resulta una contradicción en sus propios términos.

Es por eso que la AAL afirmó que es «imprescindible el dictado de una norma que prohíba los despidos y las suspensiones mientras dure la emergencia, de modo de evitar que el efecto disciplinador del desempleo atente contra el cumplimiento del aislamiento obligatorio y agrave la situación social».

La CGT, por el momento, no ha emitido una posición global sobre cómo abordar esta transición. En general, más allá del pedido de gratuidad del transporte del personal esencial, sin respuesta por ahora, se ha alineado con la política oficial. Sola, el portavoz de la central obrera, señaló a Tiempo que «estamos actuando en la emergencia, tratando de ir solucionando los problemas en línea con lo que el gobierno está planteando. Pusimos a disposición nuestra estructura hotelera y las obras sociales».

Sobre la posibilidad de avanzar en una normativa que imponga limitaciones a los despidos, señaló que «manifestamos nuestra preocupación. No olvidemos que estamos en los 180 días de la doble indemnización» y desestimó la efectividad de la medida porque «cada diez trabajadores hay más de cuatro en negro, con lo cual podrían ser despedidos igual».

En el Ministerio de Trabajo destacaron que se prorrogó hasta el 31 de mayo el vencimiento de las prestaciones al desempleo producidas entre el 1 de febrero y el 1 de abril, al 70 por ciento.

Por el momento, se trata de políticas de contención financiadas por el Estado. Aún no han tomado medidas que comprometan las ganancias y la actuación del empresariado.