Denuncian el incumplimiento del cupo de personas con discapacidad en el sector público porteño

De acuerdo a la Ley 1502, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería contar con un cupo mínimo del 5% de personas con discapacidades empleadas en el sector público porteño. Sin embargo, y pese a la falta de información al respecto, los últimos números disponibles indican que no se llega al 4%, y en algunos sectores está por debajo del 1%. Así lo reflejó un informe aprobado en la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA) en base a datos relevados en 2019.

«En el texto del informe se puede leer que en el escalafón general las personas con discapacidad no llegan a representar el 4 % de la planta, y entre los docentes y profesionales no alcanzan el 1 %, lo que demuestra que el nivel de discriminación de Horacio Rodríguez Larreta es absoluto, no cumple con la Ley, pero además, solo incorpora personas con discapacidad a los escalafones con menor formación y responsabilidad, y peores pagos, como si las personas que poseen alguna discapacidad no pudieran ejercer tareas profesionales o docentes», cuestionó el auditor por el Frente de Todos Lisandro Teszkiewicz.

Agregó que “ciertos organismos como la Policía de la Ciudad, no tienen registro de tener una sola persona con necesidades especiales revistando en su plantel, esto demuestra un desprecio absoluto por la aplicación de la Ley, pero sobre todo por el derecho de las personas con discapacidad, y el concepto mismo de inclusión».

Desde la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Copidis), dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, respondieron que “en 2019 la cifra rondaba el 4%, lo que convirtió a la Ciudad de Buenos Aires en el distrito con mayor nivel de cumplimiento del cupo. El número, si bien inferior al umbral exigido, reflejaba una indudable evolución y nos da impulso para continuar en la senda hacia una mayor inclusión en los próximos años”, y argumentaron que “debido al impacto que significó la pandemia en la contratación de personal durante 2020 y 2021, el cumplimiento de esta meta se vio ralentizado dado que la mayor parte de las búsquedas estuvieron orientadas a agentes de salud”.

Según el informe de la AGCBA, el Registro de Personas con Discapacidad presenta inconsistencias o faltantes. “Cuando vemos en detalle los listados de personas contratadas nos encontramos con que existen casos donde no cuentan con los certificados correspondientes, lo que se deduce que incumplimiento sería mucho mayor, y que prácticamente el gobierno de Larreta excluye a las personas con discapacidad de su plantilla”, dijo Teszkiewicz.

El planteo no es nuevo y no afecta sólo al distrito capitalino. Eduardo Joly, referente de la Fundación Rumbos, coincidió en que el GCBA “no provee información actualizada”, mientras que la Copidis “tampoco da esta información, habla de capacitaciones y tiene un registro laboral para personas con discapacidad pero no informan respecto del cumplimiento del cupo”.

“Podemos suponer que las cifras no deben cambiado demasiado positivamente desde 2019 en adelante. Especialmente porque la crisis económica y la pandemia seguramente son argumentos que esgrimiría el gobierno porteño para no avanzar en el cumplimiento de leyes, como si necesitara argumentos más allá de su ideología: esto no les interesa”, lamentó Joly en diálogo con Tiempo.

“Es una constante en términos de políticas públicas. No solo en la ciudad: el cupo laboral a nivel nacional tampoco se cumple”, advirtió. Y recordó que existió antes de la dictadura una ley que también imponía un cupo del 4% en el sector privado: “La dictadura la derogó y por más que desde esa época para acá ha habido gobiernos de corte peronista o nacional y popular, tampoco se hizo nada por que se cumpliera el cupo y en el sector privado no hay ley que lo rija. No hay gobierno que se ocupe de esto”.

Al analizar los motivos, Joly consideró que “la respuesta está en los orígenes de la concepción de la discapacidad como invalidez laboral, como la sospecha de la incapacidad productiva. Un empresario diría ‘no me servís para que te explote, no voy a ganar suficiente plata contigo’, en lenguaje llano. La lucha de las personas con discapacidad es por el derecho a ser explotados. Ni ese derecho tenemos”.