Lo denuncian trabajadores y referentes rurales que se fueron del organismo. Las presiones crecieron post ExpoAgro: despidos, cierres de agencias y proyectos e ingreso de privados.
Lo hizo luego de que “nueve de sus diez consejeros/as aprobaron medidas claramente ilegales que merecen una denuncia penal por ser violatorias de la Ley del INTA 20.340/73 y por incumplimiento del deber de funcionario público”.
La carta del ahora exmiembro del Consejo del Centro Regional Patagonia Norte en representación del Consejo Directivo (CD) se dio tras la última reunión ordinaria del organismo, el 28 de marzo. La gravedad de lo sucedido se refleja en la carta de Alemany y en la definición de trabajadores y trabajadoras: “es una intervención encubierta del INTA”.
En esa reunión, los tres representantes del Poder Ejecutivo y cinco de la Mesa de Enlace votaron a favor de la creación de la Secretaría de Coordinación de Gestión, que concentrará funciones que hoy corresponden a la Dirección Nacional del INTA. Sólo votó en contra el representante del sector universitario.
“Sufrimos claramente una intervención durante la reunión del CD de INTA”, definió Julieta Boedo, delegada de ATE, integrante de la Coordinación Nacional ATE INTA. Explicó que hasta un mes atrás “se venía diseñando una reestructuración que achicaba estructura pero sin despidos. Hasta que el viernes 28 bajaron del Gobierno un plan similar al que ya resistimos (en 2024). Ese plan estaba escrito, era reducir de 6100 a 4500 (el personal), abrir la puerta descomunalmente a privados y hacer reestructuración de funciones. Siempre hubo presiones en este sentido desde el Ministerio de Economía, cada vez más fuertes desde noviembre. Pasó ExpoAgro y las presiones se acrecentaron”.
Hasta el final de esta semana no se había publicado la resolución que formalizara lo votado en esa reunión, cuyo contenido hasta el momento sólo figura en las actas. “Están quitando funciones que por ley tiene el Director Nacional y las pasan al Consejo Directivo, que se autovotó superpoderes, es un golpe institucional”, denunció Boedo.
La avanzada del gobierno sobre el INTA va en contra de la ley de creación del organismo (21.680, de 1956) y de su modificatoria (20.340, de 1973), que define las funciones de la Dirección Nacional, sobre la que arrasa el plan del Gobierno: “está todo el piso en movimiento. Para nosotros es una intervención clara”.
Pese a los despidos suspendidos a fin de 2024 a fuerza de movilización, hubo medidas que sí pudo concretar el gobierno de Javier Milei en función del desguace del organismo, como la anulación de los programas ProHuerta y Cambio Rural, y las desvinculaciones –eufemismo de despidos– de trabajadores vinculados al INTA a través de otras áreas, como Agricultura.
Además, en noviembre, el Ejecutivo comenzó a apuntar a los territorios e inmuebles en los que funciona el organismo. En una de sus conferencias, el vocero y ahora candidato Manuel Adorni habló de un “plan de modernización” con “la venta de edificios y tierras subutilizadas como el inmueble en Cerviño”, que fue subastado en un proceso denunciado por sus irregularidades. Hace poco más de un mes cerraron la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires y 41 agencias de extensión en todo el país.
“Por lo pronto quieren destruir las redes comunitarias. Están pensando en otro INTA. En otro país. Las funciones están creadas por ley: la conservación de recursos naturales, promover el desarrollo, la cultura campesina. Es lo que vienen a destruir. En consonancia con el país que quieren. Si sacás personal que con su pensamiento hace ciencia, no hay organismo posible”, planteó Boedo.
«El intento de desguace en el INTA perpetrado por la banda de (el ministro de Desregulación) Sturzenegger y (el subsecretario de Reforma Estatal, Alejandro) Tamer forma parte del plan para terminar con las regulaciones que garantizan seguridad y soberanía alimentaria y productiva -acotó Flavio Vergara, secretario de Convenios Colectivos de Trabajo de ATE Nacional–. El objetivo final es destruir el sistema Científico Tecnológico, transformándolo en un apéndice de las empresas que garanticen sus negocios a costa de la soberanía nacional». «
Cecilia Gárgano es historiadora y realizó en 2014 la tesis doctoral “La trayectoria institucional del INTA entre 1973 y 1983. Intervención, violencia estatal y apropiación de conocimiento científico”. No sólo dio cuenta de la “gran cantidad de cesantías, secuestros, desapariciones, asesinatos” durante la última dictadura, sino también de cómo incidió en sus contenidos.
En los ’70 hubo “demonización de lo público y lo estatal, recorte y al mismo tiempo un incremento de la función del Estado, asegurando las rentas a los sectores concentrados. Se organiza la apropiación privada de resultados financiados con fondos públicos, que se ve claramente en el área de semillas. Al mismo tiempo se desarticulan líneas de investigación enteras y sobre el área de extensión es muy fuerte el desmantelamiento”.
El ajuste y la apropiación privada de resultados se vieron otra vez en los ’90 “con la figura del convenio de vinculación tecnológica con empresas que sigue en boga hoy en el discurso de La Libertad Avanza. Por un lado es anti ciencia pero por otro lado promueve una ciencia que sirve para generar grandes ganancias a los sectores concentrados”.
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