Denuncian la falta de atención a personas con discapacidad durante la cuarentena

Desde el comienzo del aislamiento obligatorio varias prepagas y obras sociales suspendieron prestaciones básicas para personas con discapacidad. Entre las privadas se encuentran OSDE, Hospital Italiano, Medife, Luis Pasteur, y entre las sociales, Fluviales, Osmata, Ospaca, Osecac, entre otras. De las cinco millones de personas que tienen alguna discapacidad en el país, se estima que el 70% recibe a diario prestaciones médicas que abarcan controles, terapias educativas y de rehabilitación, medicamentos, atención psicológica y psiquiátrica. Además de las prestaciones presenciales, hay otras que pueden brindarse por videollamada, pero algunas empresas tampoco reconocen esta modalidad.

Recién el jueves 2 de abril se publicó en el Boletín Oficial la resolución 282/2020 de la Superintendencia de Salud, que establece que obras sociales y prepagas “deberán implementar y fomentar el uso de plataformas de teleasistencia, a fin de garantizar las prestaciones de demanda esencial”, pero en su artículo 4 deja a criterio de las empresas “la cantidad de sesiones o consultas autorizadas bajo la modalidad prevista”.

Desde un primer momento las familias de personas con discapacidad miraron con desconfianza la discrecionalidad de este punto. El martes 7, además, el anexo 308/2020 agregó otra limitación: un máximo de seis sesiones semanales por paciente para sólo cuatro especialidades, y que sólo se reconocerá hasta el 50% de las prestaciones brindadas durante la cuarentena. Ese polémico anexo sería dado de baja por Presidencia de la Nación en las próximas horas.

Desde la Asociación de Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión (AFAPPREI) señalan que “se debe garantizar la continuidad de tratamientos y apoyos para la persona con discapacidad, sin límites de sesiones, según la indicación del médico tratante, para poder mantener la vida plena de la persona y de su familia”.

Karina Herrera vive en Constitución y tiene dos hijos, uno de 7 años que sufre Trastorno General de Desarrollo (TGD) no especificado, y otro de 5 que padece autismo y retraso leve. Karina, además, preside AFAPREI. “Quien incidió en la elaboración del articulado es Gabriela Fabiana Barros, que ocupa el cargo de gerente operativo de la Superintendencia de Salud. Es una funcionaria residual del macrismo, y fue quien elaboró aquella Resolución 1231 que recortaba los tratamientos para personas con discapacidad y permitía sólo hasta seis sesiones mensuales”, denuncia Herrera, que sufre la negativa constante por parte de OSDIPP, su obra social, de brindarle un asistente terapéutico a uno de sus hijos, con o sin cuarentena, ya que requiere acompañamiento constante.

Barros tiene fuertes relaciones con las empresas de medicina prepagas. En 2017 fue designada por el macrismo como titular de la Gerencia de Prestaciones Médicas del PAMI. Ya bajo la gestión de Sergio Cassinotti, la doctora Barros sostuvo la eliminación de medicamentos gratuitos para jubiladas y jubilados; tomó la decisión de congelar las reasignaciones de tratamientos de diálisis en todo el país; y eliminó la provisión gratuita de anteojos. Además, redujo las prestaciones de trasplantes, restringió la cantidad de alimentos que entregaba el PAMI a los centros de jubilados, y dio por tierra programas de prevención de enfermedades recurrentes en los adultos mayores. En abril de 2017, alteró el sistema modelo de pago para las clínicas privadas y profesionales mediante la resolución  395/2017. Esto provocó un ajuste que llegaba a casi un 37% en el financiamiento para estudios de diagnósticos.

Muchos de las y los profesionales de la salud mantuvieron la asistencia a sus pacientes, pese a desconocer, a priori, si se les iba a efectuar el pago total de sus servicios: “Es mi caso”, afirma Mariana Arce, docente de educación especial que trabaja en integración. “No es fácil estar en esta posición, porque además que hay que hacer una contención a los padres durante la cuarentena. Es mucha la incertidumbre, pero también es fuerte el compromiso con los chicos”.

Pero no todos los profesionales continuaron con su labor. Nadia Zaccardi vive en Tapiales y dos de sus tres hijos padecen una discapacidad. El mayor, de 9 años, tiene Trastorno Generalizado del Desarrollo y retraso mental leve; el de 5, déficit de atención e hiperactividad. “Desde el comienzo del aislamiento mi obra social no me autorizó ninguna terapia, tampoco la maestra integradora. La escuela les manda tarea y la hacemos como podemos”, afirma Nadia. Los chicos tampoco recibieron medicación durante las primeras dos semanas de la cuarentena.

Lo mismo le ocurre a Mariana, que vive en Dock Sud. Tres de sus cuatro hijos tienen trastornos del espectro autista, TEA y TGD. No recibió asistencia de ningún tipo en cuarentena, tampoco por videollamada. “Necesitan medicación y dentro de un par de días la voy a tener que ir a buscar a Barracas”, que es donde se encuentra OSETYA, la obra social de textiles. Hace el trayecto todos los meses, pro ahora debería hacerlo sin asistencia profesional que quede al cuidado de sus hijos. «