El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU), Enrique Santiago, señaló que Estados Unidos busca “convertir en causas judiciales lo que son intentos de interferencia política en la soberanía de otros Estados”.
En ese sentido, defendió que la intención de la administración de Donald Trump es “provocar una crisis política en el Gobierno de España” y “dar un escarmiento a quienes pudieron haber trabajado para eludir las sanciones ilegales impuestas unilateralmente por Estados Unidos a Venezuela”.
En una entrevista concedida al programa “La Hora de La 1”, de TVE, el dirigente político sostuvo que “no es muy normal que Estados Unidos ponga a disposición grabaciones” de las que no se sabe “cómo fueron obtenidas” ni que “se preocupen tanto de Zapatero”, mientras no ocurre lo mismo con “el lobby que hacen otros expresidentes”.
Santiago criticó además que la estrategia de Estados Unidos consiste en “convertir en causas judiciales lo que son intentos de interferencia política en la soberanía de otros Estados”.
“Lo que nos parece sorprendente es que se esté utilizando información de agencias de los Estados Unidos, supuestamente con alcance judicial”, insistió luego en declaraciones realizadas en el Congreso.
Según recordó, eso fue lo que hizo la administración de Trump en el intento de extraditar al presidente venezolano Nicolás Maduro para juzgarlo en Nueva York y aseguró que, una vez iniciado el proceso, la Fiscalía admitió que el denominado “Cartel de los Soles”, con el que se lo vinculaba, “en realidad no existía”.
“Y lo mismo hemos visto respecto de la imputación de Raúl Castro, que, por cierto, no tiene ninguna responsabilidad ahora mismo en Cuba, sino que es una persona jubilada”, agregó.
En ese contexto, el dirigente de IU puso el foco en que la resolución del juez Manuel García-Castellón —conocido como Calama— incluya información de una agencia de seguridad estadounidense “que nadie sabe cómo se obtuvo”, si existió o no “mandato judicial”, en qué país fue recopilada o si “se preservó la cadena de custodia”.
“O sea, credibilidad cero para las instituciones de seguridad de los Estados Unidos”, afirmó.
No ve responsabilidad del actual Gobierno en el caso Plus Ultra
El diputado de Sumar defendió que en la resolución judicial mediante la cual el juez imputó al expresidente Zapatero “no aparece por ningún lado” una “presunta responsabilidad del Gobierno” actual.
Santiago sostuvo que “el auto presenta indicios muy claros en algunos supuestos” contra el exmandatario socialista, aunque aclaró que en cuestiones vinculadas a apropiación indebida o lavado de dinero no encuentra “absolutamente nada”.
No obstante, el dirigente de IU reconoció que “sí parece haber responsabilidades políticas o actuaciones más que cuestionables” desde el punto de vista ético, debido a que podrían haberse utilizado “recursos públicos” incompatibles con “la realización de actividades lucrativas”.
En esa línea, denunció que existen conductas que “quizás no sean ilegales, pero políticamente son demoledoras” y criticó “el afán desmedido de obtención de lucro personal”.
“No es ético, lícito ni aceptable políticamente que haya personas que mezclen responsabilidades políticas e institucionales con la obtención de lucro personal. La obtención de lucro propio o para terceros mediante el uso de influencias sobre la administración pública de nuestro país es un delito y nosotros pedimos que todo esto se investigue hasta el final”, resumió ante la prensa en el Congreso.
Consultado sobre cuál sería la posición del socio minoritario del Ejecutivo en caso de confirmarse la implicación de ministerios o altos cargos, subrayó: “Nosotros somos absolutamente incompatibles con sostener un Gobierno involucrado en problemas de corrupción. Pero, por ahora, ese no es el caso, ni muchísimo menos”.
“Yo, leyendo el auto, por ahora me quedé tranquilo. Porque en eso el texto es concreto. Hace referencias a altos cargos y descarta que hayan tenido algún tipo de participación en estas cuestiones”, agregó.
A su vez, remarcó que, en caso de que la investigación “ponga de manifiesto responsabilidades de la administración pública”, estas corresponderían “a un Gobierno que ya no existe”.
El portavoz parlamentario de IU reiteró además la necesidad de impulsar un paquete de medidas anticorrupción y recordó que Sumar intentó avanzar en ese sentido a raíz del caso Santos Cerdán, aunque aseguró que la iniciativa todavía no prosperó “por falta de voluntad del PSOE”.
Por último, cuestionó las críticas del Partido Popular (PP) y Vox sobre la corrupción, al señalar que esos espacios, junto con Junts, votaron en contra de la creación de la llamada Agencia Anticorrupción promovida por Sumar.
“No están interesados en que haya mecanismos eficaces contra la corrupción”, concluyó.
GS con información de Europa Press
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