Denuncian que la Policía realizó una «cacería» de Congreso a Constitución

Todos los detenidos por los disturbios de la víspera en las inmediaciones del Congreso de la Nación, en el contexto de las protestas por la sanción de la ley  de Presupuesto, quedaron imputados por el delito de “atentado y resistencia a la autoridad” y “daños”.  La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) denunció hoy la existencia de una “cacería” indiscriminada que se extendió hasta la Plaza Constitución. Esta mañana, los detenidos que están todavía representados por defensores oficiales recibieron el asesoramiento de abogados de esa institución y de otros organismos defensores de los derechos humanos porque van a afrontar una causa penal impulsada por el fiscal porteño Federico Luis Tropea.

La CORREPI denunció que las fuerzas de seguridad parecían tener la orden de despejar el Congreso para que no hubiera manifestaciones al momento de la votación. Tal objetivo fue logrado: esta madrugada, cuando adentro del recinto de la Cámara de Diputados el Presupuesto 2019 recibía media sanción, las calles aledañas al Palacio Legislativo estaban vacías.

Durante toda la jornada de ayer se produjeron, en total, 26 detenciones. El abogado Ismael Jalil, quien concurrió anoche a la comisaría de Floresta en donde estuvieron alojados los aprehendidos, contó situaciones insólitas: dos ciudadanos venezolanos que, asustados, preguntaban por qué los habían detenido; un joven identificado como Lucas Zunino regresaba al centro porteño en subte tras realizar compras en Flores cuando los gases lo forzaron a salir a la superficie, donde fue detenido con las bolsas de la compra en sus manos; Ignacio Levy, director de la publicación “La Garganta Poderosa”, fue arrestado en Carlos Calvo y Lima, a unos dos kilómetros del epicentro de los hechos; a uno de sus compañeros, según quedó registrado en una filmación, le “plantaron” una barreta y, además, circuló como versión periodística que de una camioneta perteneciente a “La Garganta…” habían bajado elementos para causar disturbios. La Garganta Poderosa no tiene, ni se moviliza, en camionetas.

“La orden era sacarnos de la plaza. Nosotros estábamos dispuestos a hacer una vigilia, pero nos sorprendió la salida de la policía haciendo ratoneras para ir cazando a gente”, resumió Jalil.

A diferencia de las manifestaciones de diciembre de 2017 contra la reforma previsional, en esta oportunidad las autoridades evitaron la intervención de jueces federales, con una singular selección del delito a imputar. A fines del año pasado, y por hechos de similar naturaleza, la figura penal elegida fue la de “intimidación pública”, que obliga a la intervención de jueces de Comodoro Py 2002. Ayer sólo se imputaron delitos que, en el marco de la transferencia de competencias de la órbita nacional a la de la Ciudad de Buenos Aires, son investigadas por fiscales locales, con intervención de jueces de garantías del distrito porteño. Arrojar piedras, pirotecnia y manifestar en las puertas del Congreso durante una sesión legislativa en diciembre fue “intimidación pública”; arrojar piedras, pirotecnia y manifestar en las puertas del Congreso durante una sesión legislativa en octubre de 2018 fue “atentado y resistencia a la autoridad”.

Entre los detenidos de ayer aparecían delegados de los trabajadores de Astilleros Río Santiago que manifestaban contra el vaciamiento de esa empresa que depende de la provincia de Buenos Aires, y también múltiples heridos que fueron atendidos en los hospitales Ramos Mejía y Argerich, entre ellos Juan Murjia, secretario de ATE Ensenada, quien sufrió una fractura en un brazo.