Denuncian que Milagro Sala es hostigada y que recibe sanciones sin causa

El Comité por la Libertad de Milagro Sala se reunió con el Ministro de Justicia, Germán Garavano, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, para denunciar la situación que padece la parlamentaria del Parlasur y máxima referente de la Organización Barrial Tupac Amaru, al igual que otros diez integrantes de esa organización que están presos en Jujuy desde principios de año. “Queremos Justicia, una garantía imprescindible para la plena vigencia del Estado de Derecho y de las instituciones de la República. Tienen que intervenir”, expresó en un comunicado el Comité que calificó el encuentro como “positivo” ya que se acordó construir una mesa de trabajo con el Ministerio, que se volverá a juntar con el Comité para trabajar sobre las denuncias formuladas.

En el comunicado, el Comité criticó que el Juez Gastón Mercau y el Fiscal Diego Cussel hayan imputado a Milagro Sala por tres hechos diferentes y que en el momento de indagarla, solo 48 horas después, le hayan atribuido uno sólo. Exigen tanto al Juez como al Fiscal, que un mes después de meter presa a la dirigente asumieron ese error como “involuntario”, que decreten la nulidad de esa detención que ya lleva nueve meses, cinco de ellos en condiciones precarias.

Además, en el informe presentado denuncian que todos los detenidos son reiteradamente hostigados y reciben sanciones sin causa y sin siquiera poder ejercer su derecho de defensa. “Les aplican sanciones por vía administrativa, sin ningún tipo de control judicial y sin siquiera anoticiar a los defensores para que puedan recurrir esas medidas. Los jueces o bien ignoran esta realidad o conociéndolas no opinan ni se expiden”, dicen en el comunicado en el que detallan la pésima situación que están atravesando los once detenidos de la Tupac Amaru a quienes consideran presos políticos: Milagro Sala, Gladys Díaz, Patricia Cabana, Mirta Aizama, Rosa Mirta Guerrero, Elba Galarza, María Eugenia Molina, Iván Dante Altamirano, Migue Ángel Sivila, Alberto Cardozo y Raúl Noro, marido de Milagro Sala.

En el informe detallan que los allanamientos realizados en sus domicilios en ocasión de sus detenciones fueron violentos, con destrucción de muebles y sustracción de bienes personales. Entre otras cosas, afirman que a todos los detenidos se los intenta presionar para presionar y acusar a Milagro Sala. “No hay nada que explique que estén detenidos, por más que se siga investigando, el principio de inocencia, la libertad y el cese de la prisión preventiva es un derecho humano constitucional que se está vulnerando en este caso, por lo que denunciamos las condiciones que tienen los presos y presas políticas”, señaló Estela Díaz, coordinadora del Comité, que agregó que “el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió desde los organismos de Derechos Humanos las denuncias y que están empezando a responder porque las denuncias también están llegando a la OEA y al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, expresó en una conferencia de prensa que organizaron luego de la reunión.

Por su parte, el diputado Juan Manuel Esquivel afirmó que el gobernador Gerardo Morales “persigue a militantes políticos de diversos partidos políticos con un sistema complejo de la policía y de la Justicia” y que eso que tiene muy dividido a Jujuy, en el que Milagro Sala “es parte de la persecución política que la tiene como una rehén de todo el sistema”.

La delegación del Comité estuvo integrada por el coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejandro Garfagnini; Luis Paz y Elizabeth Gómez Alcorta, integrantes del equipo de abogados de Milagro Sala; el diputado provincial del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (FUyO) en Jujuy Juan Manuel Esquivel; Estela Díaz y Mara Brawer, coordinadoras del Comité por la Libertad de Milagro Sala; Eduardo Tavani, Anibal Ibarra y Josefina Gonzalez de la comisión de Acción Jurídica del Comité; María Elena Naddeo, Carlos Pisoni, también del Comité y Ángel Ignacio Gómez, secretario General de la Junta Interna de ATE Justicia.