Denuncian topes informales para frenar al dólar

La disparada del dólar semanas antes de las elecciones prendió una luz de alerta en el equipo económico oficial. Es que la suba de un 11% en el valor de la divisa norteamericana, que pasó de $16,15 a superar los $18 en apenas dos meses, amenaza con un sensible traslado a precios. De hecho, se espera que la inflación oficial en julio supere el 2%. 

Así las cosas, con el propósito de desplazar del debate electoral la disparada del dólar y su impacto en los precios, el gobierno decidió intervenir a través del BCRA inyectando en una sola jornada (el viernes 28 de julio) U$S 305 millones. De esa forma había conseguido devolver el valor de la divisa por debajo de los $18. El viernes pasado la entidad bancaria insistió con su renovada política intervencionista al inyectar otros U$S 42,3 millones.

En los hechos se trata de un cambio de política toda vez que, desde la salida del “cepo” el gobierno había pregonado y ejecutado una política de libre flotación en el mercado cambiario que implica la ausencia de una intervención del BCRA. 

El fuerte endeudamiento externo había servido para incrementar la disponibilidad de divisas y contener la suba de la divisa al igual que la política de altas tasas de interés de las Lebac. 

Ahora, según publicó el diario Ámbito Financiero, “en los últimos días varios clientes de entidades bancarias experimentaron problemas para comprar divisas en los bancos por ‘incompatibilidad fiscal’”.  Se trata de una medida que impide a los clientes adquirir dólares sin justificar el origen de los fondos. Según el diario económico se habría impuesto, de hecho, un límite de U$S 10 mil para las operaciones a partir de los cuáles se comienza a aplicar dicha verificación.

Esta reglamentación, que está en plena vigencia, no venía siendo contemplada por los bancos y, llama la atención que se haya re activado precisamente en momentos en los que el gobierno decidió intervenir en el mercado cambiario. 

No se han dado a conocer disposiciones oficiales ni de AFIP ni del BCRA que recomienden a los bancos privados un cambio de actitud en ese sentido.