Denuncian un plan para desmantelar gran parte del INTA

El plan de dotaciones óptimas promovido por el gobierno nacional a través del Ministerio de Modernización se concentró especialmente en los denominados organismos descentralizados de la administración pública. Entre ellos uno de los blancos privilegiados fue el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en el que se produjeron 258 despidos y la reestructuración general del instituto que todavía se encuentra en curso. Allí, la gestión de Javier Ibáñez, atravesada por múltiples denuncias de malversación de fondos por licitaciones amañadas, tuvo que reinstalar a decenas de trabajadores que lograron fallos favorables de la justicia fundamentadas en prácticas de persecución política, sindical e ideológica.

Según denuncian los delegados de la comisión interna de ATE INTA, ahora, el Consejo Directivo del organismo prepara el cierre de tres de los cincos centros de formación (IPAF) así como 25 agencias de extensión que la entidad tiene distribuidas en las estaciones experimentales en todo  el país.  Además, aseguran, pretenden fusionar direcciones nacionales.

Según lo sostenido en un comunicado se trata de “la continuidad de un plan acordado con el gobierno nacional bajo las órdenes del FMI” que incluye “la reducción del 10% de la planta a través de intimaciones de jubilación y retiros voluntarios”.

Según explicaron a Tiempo se trata de un nuevo capítulo luego de que durante 2018 las autoridades produjeran una reestructuración de INTA Central con fusiones de estructuras y bajas generalizadas de puestos con el consiguiente recorte del salario de coordinadores. Además, aseguran que “quieren entregar los terrenos del CNIA para negociados inmobiliarios con el llamado Distrito de Innovación Agroindustrial”.

Ese proceso sostenido de recorte presupuestario, según denuncian los delegados, “ha afectado nuestras condiciones laborales y de higiene y seguridad, situación que se cobró la vida de Diego Soraire y que afectó la salud de muchos compañeros”.

El proceso forma parte de la oleada de despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar y, según los denunciantes, persigue el propósito de “continuar poniendo el INTA al servicio de los sojeros” principales beneficiarios de la primarización de la explotación agrícola.

Al mismo tiempo anunciaron la realización de asambleas en todos los lugares de trabajo para “votar un plan de lucha por la defensa de nuestros puestos y las condiciones de trabajo, pero también para discutir una salida de fondo a esta crisis donde algunos ganan millones con la bicicleta financiera y los trabajadores siempre perdemos”.

También la emprendieron contra las conducciones sindicales que “se hacen los distraídos y nos dicen que tenemos que esperar a las elecciones y «votar bien», mientras “los trabajadores no podemos esperar a octubre porque cada día que pasa significa un padecimiento más”