Denuncian un recorte de $ 67 millones para políticas contra la violencia de género

Cuando el Poder Ejecutivo distribuyó las partidas presupuestarias, el pasado 11 de enero, el Consejo Nacional de Mujeres recibió 96 millones de pesos. 67 millones menos de lo que le correspondía, según denuncia un grupo de asociaciones que presentó un recurso de amparo para pedir la reasignación del dinero.

La cantidad de dinero faltante no es azarosa: 20 millones correspondían a una partida adicional que había votado el Congreso en la madrugada del 3 de noviembre y los restantes 47 debían ser para ejecutar y planificar el primer año del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, una medida que también había sido aprobada por ley.

La cifra que se le destinó al CNM fue exactamente la misma que había propuesto el gobierno en su proyecto de Presupuesto original, que en su momento había sido muy cuestionado por diversas organizaciones, que lograron que se incluyeran las modificaciones que no fueron tenidas en cuenta a la hora de distribuir el dinero.

“Más allá de estas contingencias en la real aplicación de la defensa de los derechos de la mujer, lo que realmente necesita el Consejo Nacional de Mujeres es mayor autonomía de la que tiene actualmente, que depende del Consejo Coordinador de Políticas Sociales, tanto desde lo presupuestario como desde la posibilidad de aplicar realmente de las políticas necesarias. Necesitamos una respuesta rápida”, afirman desde las seis organizaciones denunciantes, que vieron en la acción de amparo el único recurso legal ante el incumplimiento de lo acordado. 

A continuación, el comunicado emitido por los denunciantes:

«La acción de amparo fue presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (CAREF), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21. “Decidimos recurrir a la Justicia no sólo para revertir la sustracción ilegal de las partidas del PNA y del CNM, sino también para que se establezcan los mecanismos de monitoreo para la ejecución del presupuesto que impedirán que esta situación se repita”, explicaron.

En el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año 2017, no era posible identificar una partida destinada al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que según los anuncios realizados requería fondos por 47 millones de pesos para su primer año de ejecución (excluyendo los fondos necesarios para el plan de construcción y equipamiento de los Hogares de Protección Integral). Además, en el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional el presupuesto asignado al CNM se reducía un 8% en términos reales, si se tomaba en cuenta la inflación prevista por el propio Poder Ejecutivo. Diversas organizaciones hicieron en ese momento una presentación ante el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, para señalar estas áreas centrales de preocupación. El presupuesto votado por el Congreso en horas de la madrugada del 3 de noviembre incorporó cambios sustanciales en línea con los señalamientos realizados por las organizaciones. Finalmente, según el artículo 16 de la Ley de Presupuesto N° 27.341, se aprobó una asignación adicional de $ 20 mil millones al CNM (pasando de $ 96.500.250 a $ 116.500.250). En segundo lugar, se agregó al Presupuesto nacional una línea presupuestaria específicamente destinada a las acciones contempladas en el PNA para el 2017, por la suma de $ 47 mil millones.

En el texto presentado a la Justicia las organizaciones exigen se ordene al Poder Ejecutivo Nacional que reafecte los 47 millones de pesos correspondientes al PNA, y que restituya los 20 millones de pesos desafectados al CNM, partidas sustraidas de forma ilegítima. Para las ONG “resulta inaceptable que en el contexto actual, en el cual desde todos los sectores sociales y políticos se reconoce la grave problemática de la violencia contra las mujeres y se clama por políticas estructurales que reviertan el problema, el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al asignar recursos presupuestarios a políticas contra la violencia de género”.