Denuncian un «retroceso» en el debate por la despenalización del aborto

Especialistas en derecho penal y género ya dieron su alerta: el capítulo referido al aborto del anteproyecto de reforma del Código Penal que el Poder Ejecutivo envió al Senado incluye tipificaciones y claúsulas que significan un serio riesgo de retroceso del debate en marcha.

La iniciativa enviada al Congreso por el ministro de Justicia, Germán Garavano, fue elaborada por una comisión redactora que propone dejar en manos de un juez de turno la decisión de penar o no a la persona gestante que decidió interrumpir voluntariamente un embarazo, según razones que evalúe. «Es humillante a lo que pueda ser sometida la mujer que está expectante con respecto a lo que un juez pueda decidir con el pulgar para arriba o para bajo. Es vergonzoso», sentenció María Elena Barbagelata, directora de la Comisión de Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

La especialista también explicó que no corresponde definir en el Código el concepto de salud. «La Organización Mundial de la Salud tiene un concepto más amplio que incluye la dimensión social, y acá plantean referirse sólo a la salud física y mental», señaló a Tiempo. Y agregó: «Esta redacción es incluso más restrictiva que la vigente ya que produce efecto limitativo al juez para los casos de aborto no punible o interrupción legal del embarazo (ILE) ya que tampoco está contemplado el tema de inviabilidad de vida extrauterina, que nos parece que podría haber estado. No hay avance en cuanto a la descriminalización de la conducta, que sigue estando en los mismos términos que hoy», evaluó la especialista. Y amplió: «La criminalización está, el delito está, el proceso penal está. Y además no establece ningún criterio para que el juez pueda decidir a favor o en contra. Deja sujeta a la mujer a pedir por favor que le den una pena baja».

Silvia Lospennato, diputada de Cambiemos que tuvo protagonismo en la discusión por la despenalización del aborto, sostuvo que «el texto de la comisión redactora quedó muy atrás de lo que fue el debate incluso del Senado, que ya de por sí atrasó de la media sanción que se logró en Diputados».

En diálogo con Tiempo dijo: «En el Senado había una mayoría a favor de la despenalización. Muchos legisladores que votaron en contra de la legalización argumentaban que estaban a favor de la despenalización de la mujer, no querían que las mujeres vayan a la cárcel por abortar». Y agregó: «Soy optimista en cuanto a que, si los senadores ratifican lo que dijeron en el debate, claramente tienen que modificar el artículo propuesto por la comisión a favor de despenalizar».

Por su parte, desde el Equipo Latinamericano y de Justica y Género (ELA), coincidieron en expresar su preocupación. Agostina González, abogada de la organización, sostuvo que este anteproyecto «es un retroceso muy importante en materia de derechos, criminaliza aun más a los profesionales de la salud que acepten interrumpir el embarazo, limita el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) de las mujeres y no recepta nada del proyecto de IVE que tuvo media sanción en Diputados. Queda siempre supeditado al criterio de otra persona».

Persona por nacer

La abogada de ELA expresó su preocupación por la incorporación de la figura de «persona por nacer» en la legislación, en un artículo que propone penas para quienes dañen al feto, sin consentimiento de la mujer.

El gobierno impulsa penas de uno a cuatro años para quien causa lesión o enfermedad al feto en caso de que haya intención, o multas a quien genere lesión al feto de manera culposa, sin intención. «El texto no establece que se trate de casos de embarazos avanzados y, por cómo está redactado, podría aplicarse a cualquier embarazo. No son penas para imponérselas a la propia persona gestante, pero sí a los y las profesionales de la salud. Genera mayor persecución penal a los médicos y médicas», criticó.

Si bien esa figura de «persona por nacer» existe en España, San Salvador y Colombia, con dolo y con culpa, en la Argentina se había intentado incorporar en los intentos anteriores de reforma y había quedado redactado de esa forma en los anteproyectos de reforma del Código Penal en 2006 y 2014.

Barbagelata señaló que la incorporación de la figura de «persona por nacer es un reconocimiento de estatus jurídico como si fuera diferente al cuerpo de la mujer».

Con similares argumentos, también expresaron críticas al anteproyecto oficial la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), Amnistía Internacional, Católicas por el Derecho a Decidir, CELS, y Alianza por los Derechos Humanos de las Mujeres, entre otras organizaciones. «