Denuncian una «operación y cacería al voleo»

Sugestión y acción. Las campañas psicológicas masivas, como las que buscan sembrar el miedo a manifestar, requieren de esos dos componentes para ser efectivas. El show violento que el viernes por la noche la tele transmitió en horario central tuvo altas dosis de ambos: el «clima de violencia» que antecedió a la represión con la que culminó la marcha por el primer mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado se viene amasando desde hace tiempo, pero se horneó en las 48 horas previas a la manifestación.

Antes de que un grupo de encapuchados instigara la réplica policial, el Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad locales y nacionales, y el aplastante aparato de comunicación al servicio del gobierno inseminó la idea de que «algo raro» podía pasar. Una combinación de episodios extraños, exóticos y falsos contribuyeron a sembrar esa sospecha. Sólo por citar los más notorios:

-El «monstruo» docente: el miércoles 30, dirigentes y medios oficialistas instalaron que CTERA había distribuido entre los maestros un «instructivo» sesgado para que impartan una versión «ideologizada» de la desaparición de Santiago en las aulas. El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, lo tildó de «canallada», y el diputado Eduardo Amadeo calificó de «monstruos» a los maestros. La campaña oficial instó a denunciar a los docentes que hablaran del caso en las aulas, y se presentaron demandas contra maestros en provincia Buenos Aires y Capital. El «panfleto» era, en realidad, un flyer que proponía utilizar el caso Maldonado como un modo pedagógico de abordar el «Día internacional contra de Desaparición Forzada» de personas, que se conmemoraba en esa jornada.

-Ataque «extremista» en una concesionaria de Chubut. El viernes, Clarín publicó en su portada que un grupo mapuche, vinculado al líder preso Facundo Jones Huala, había incendiado vehículos en un comercio. La propia Justicia local lo desmintió: dijo que sospechaba de exempleados.

-Razzia en Córdoba: el miércoles 30, en el Congreso, la diputada del PRO Cornelia Schmidt le preguntó al jefe de Gabinete, Marcos Peña: «¿Qué está haciendo el gobierno para prevenir la radicalización en los jóvenes?». Al día siguiente, la policía de Córdoba allanó, requisó y secuestró banderas, instrumentos y cotillón político en una decena de locales pertenecientes a organizaciones de base. La excusa: una causa por «disturbios» durante una manifestación previa contra el gatillo fácil. Entre los allanados, sin embargo, había organizaciones que no adhirieron ni participaron de esa marcha.

-Advertencias sobre «desmanes» en El Bolsón. El viernes al mediodía circuló una cadena de WhatsApp donde se advertía que podían registrarse incidentes durante la marcha por Santiago en El Bolsón. La cadena advertía que, junto con los refuerzos de las fuerzas de seguridad, habían llegado a la zona presuntos «activistas» desconocidos para los vecinos. Cerca de las 19:30, la profecía se hizo realidad: encapuchados atacaron un puesto de gendarmería, que reprimió la manifestación.

En paralelo a la encapuchados patagónicos, brotaron dos grupos similares en Buenos Aires. Uno actuó en la city, donde atacó una mutual de gendarmería. El otro, apedreó policías en las inmediaciones del Cabildo. El súbito brote vandálico disparó la réplica policial.

La táctica represiva fue idéntica a la utilizada por la misma fuerza en la marcha #NiUnaMenos de marzo pasado: transformar la desconcentración en un desalojo violento. La modalidad, como se verificó también en una represión a cooperativistas en la 9 de Julio, incluye la persecución y detención de supuestos manifestantes apresados minutos y hasta horas después de la desconcentración. En esos casos se verificó, además, la circulación de vehículos sin patente ni identificación policial y la actuación de personal de civil.

Los abogados de la Coordinadora contra la Represión (CORREPI) no dudan en calificar el episodio del viernes como «una operación» destinada a deslegitimar el reclamo masivo por el paradero de Santiago Maldonado, sembrar el temor para vaciar las manifestaciones populares y domesticar el conflicto social. «Fue una cacería al voleo», resumió María del Carmen Verdú, abogada y titular de la organización. «Sospechamos que se armó una acción para iniciar la represión, y que luego la policía detuvo a los que pudo para hacer creer que había detenido a los violentos», explicó Verdú.

Según el primer relevamiento que pudo hacer la organización, entre los 31 detenidos durante el violento desalojo del viernes no hay «encapuchados», sino periodistas, reporteros gráficos, alumnos y docentes universitarios, militantes sociales y hasta un turista que «pasaba por ahí». El relevamiento, de todos modos, es precario, porque el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la incomunicación de los detenidos, a los que acusa de «intimidación pública». El uso de esa figura penal, que prevé de dos a seis años de prisión, también es una novedad de esta época: forma parte del protocolo oficial para criminalizar la protesta, junto a las detenciones arbitrarias y las campañas de propaganda que estigmatizan a las organizaciones sociales y alientan cruces entre manifestantes y automovilistas.

La desmovilización social es una condición necesaria de los planes de ajuste y transferencia regresiva de ingresos. La Argentina tiene vasta experiencia en eso. La implantación de la nueva matriz económica que ejecutó la dictadura no hubiera sido posible sin el terrorismo de Estado. Carlos Menem no hubiera podido imponer su modelo neoliberal sin antes vaciar las calles de manifestantes. Un episodio clave en ese proceso de desmovilización fue la recordada destrucción de la boutique Modart durante una marcha de la CGT. Investigaciones periodísticas y judiciales demostraron que aquellos episodios de septiembre de 1988 fueron instigados por servicios de inteligencia infiltrados entre los manifestantes. Funcionarios de aquel gobierno radical hoy forman parte de Cambiemos.

Desde aquel episodio, cualquier dirigente político más o menos despierto sabe que las marchas masivas pueden ser utilizadas para campañas de acción psicológica destinada a sembrar miedo en la población.

No es una novedad que el miedo es un instrumento político efectivo y crucial. El temor anestesia, paraliza, vuelve a las sociedades permeables a la lógica del mal menor. A casi dos décadas de la crisis de 2001, luego de casi dos décadas de batallas políticas de alta intensidad, ¿Argentina se encamina hacia un nuevo ciclo de resignación? La masiva movilización del viernes invita a pensar que no. Pero el escritor Sergio Olguín resumió el desafío en un tuit: «Nos quieren intimidar. Y yo un poco asustado estoy. Esta gente ya da miedo de verdad. Nos vamos a tener que cuidar mucho entre nosotros».

Es una tontería sostener que «Macri es la dictadura». No lo es. Fue elegido por comicios libres y conduce un gobierno democrático. Por eso urge que actúe como tal y responda como un hombre de Estado. Y no, como viene ocurriendo, como un político en campaña, consagrado a la polarización. Hay vidas en juego. «

Todavía hay tres detenidos en Córdoba

Ya pasaron tres días de los polémicos allanamientos en Córdoba a 15 movimientos sociales y partidos políticos, y todavía hay tres hombres detenidos: los fleteros Osvaldo Chirio y Francisco Sala y un vecino, Juan Carlos Carabadjan. El megaprocedimiento fue ordenado por el fiscal Gustavo Dalma con la excusa de los «disturbios» ocurridos el lunes, durante una marcha contra el gatillo fácil.

El abogado Carlos El Vasco Orzaocoa, referente del Frente de Organizaciones en Lucha, estuvo presente en uno de los 15 allanamientos, ocho de ellos en organizaciones sociales y políticas y el resto a domicilios particulares. «Estuve en el operativo del comedor de niños y preadolescentes que tenemos en el Barrio Müller. La policía se llevó fotos de víctimas de gatillo fácil, harina y un afiche sobre los derechos del niño porque tenía el fondo rojo», explicó.

Las organizaciones que participaron de la movilización del lunes repudiaron el episodio violento. Un dato para tener en cuenta es que el Frente para la Victoria no había ni siquiera adherido a la marcha y, sin embargo su local, fue allanado.

«Esto va más allá de la voluntad de un fiscal, sino que fue orientado por el Consejo de Seguridad que preside Bullrich, del que la provincia de Córdoba también es parte. Hace pocos días se mostraron preocupados por supuestos ataques que recibieron y querían desalentar la marcha por Maldonado que se iba a hacer al día siguiente», concluyó el letrado.

SIPREBA EXIGIÓ QUE LIBEREN A REPORTEROS

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires reclamó la inmediata liberación de los periodistas y reporteros detenidos durante la represión. Se trata del fotógrafo y estudiante Daniel Lara, y de Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Hugo Medone, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos.

QUIÉNES SON Y DÓNDE ESTÁN LOS DETENIDOS

En la Comuna N° 12 ,
Ramallo 4398, C.A.B.A.
1. Maximiliano Angelú.
2. Cristian Vázquez.
3. Pablo Ferraroti.
4. Patricia Salasaro.
5. Micael Magi.
6. Carlos Guerra.
7. Sofía Gamboa.
8. María Pastran.
9. Noemí Pianeti.
10. Sergi Senia.

En la Comuna N° 15, Av. Guzmán 396, CABA.
1. Medone, Ezequiel Hugo.
2. Mourenza, Juan Pablo.
3. Carrizo, Daniel Alfredo.
4. Marin, Castro Daniel.
5. Morales, José Domingo.
6. Solís, Brian.
7. Meza, Boris.

En la Alcaidía Circunscripción IV (junto a Comisaría 30ª) California 1800.
1. Sánchez, Gabriela Gisel.
2. Barriga, Paola.
3. Ramírez, Federico.
4. Iriart, Lucas.
5. Barrios, Gianella.
6. Palavino, Iván.
7. Spuches, Joaquín.
8. Sánchez, Geraldine.

En la Comuna N° 4, Pedro Chutro y Zabaleta, C.A.B.A.
1. Escobar, Ada Luz.
2. Gammbarota, Melisa.
3. Nahabian, Sebastián Ezequiel.
4. Tutaglio, Demián.
5. Daniel Lara.
6. Airtor Basterrechea.