Luna denunció que fue violada por su progenitor entre los seis y los nueve años. Una década después, le siguen pidiendo medidas de prueba a ella. Tras dilaciones y conflictos de competencias, reclama justicia y “basta de revictimización”.

“La situación de abuso la detecté cuando Luna tenía 9 y está por cumplir 19. Pasó toda su infancia con nosotras peleando que fuera oída en Cámara Gesell”, contó a Tiempo Yama Corín, madre de la sobreviviente de abuso. La denuncia la radicó originalmente en Morón, donde vivían, pero comenzó entonces un conflicto de competencias porque los hechos denunciados habían ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires. Después de esos primeros años de “ping pong entre Morón y Capital”, comenzó la etapa de generación de prueba. “Estuvimos un año o dos peleando para que la pericia fuese en Morón y no en Trenque Lauquen, porque la defensa del abusador planteaba que ahí había equipo especializado en detectar falso testimonio”.
“Finalmente ganamos que no fuese ahí, que era una locura”. Cuando empezaron a concretarse las pericias para la generación de prueba en Morón, Luna ya tenía 17 años y estaba al filo de la mayoría de edad. “La pericia fue exhaustiva, con tests, ella cuenta la situación, elige declarar, dice que quiere hacerlo en Cámara Gesell”, relató Yama. Le dieron fecha, la suspendieron dos veces, la tercera ya en el marco de la pandemia. “Si tuvieron excusas antes, con la pandemia era perfecto”.
Finalmente, la llamaron a declarar en octubre del año pasado. No en Cámara Gesell, el dispositivo utilizado para resguardar a menores de edad, sino como adulta. “Ella eligió declarar igual. Dijo ‘ya fue, mamá, me saco esto de encima. Declaró de manera contundente, no hay ningún tipo de lugar a duda. Contó todo, que es brutal: ella fue violada entre los seis y los nueve años”, remarcó la mujer. Tras esa medida, la causa quedó en la Ciudad de Buenos Aires, donde vivía el acusado: ahora lo hace en Rosario, donde trabaja como docente según pudo saber la familia de Luna. Además, en este tiempo se enteraron de otra denuncia en su contra, por parte de una ex pareja. Esa causa fue archivada, pero esa mujer declaró también en la causa de Luna –ahora radicada en el Juzgado de Instrucción 30- por situaciones que presenció con la niña mientras era pareja del denunciado.
“Cuando la Fiscalía 3 de CABA (a cargo de Marcelo Daniel Roma) asume la competencia, lo primero que pedimos es la indagatoria. Pero determinan pedir otra pericia para Luna, que ya se hizo antes de declarar. Con los mismos métodos, los mismos objetivos. Para evaluar que esté ubicada en tiempo y espacio, que tenga discurso acorde a su edad, su participación en la causa, qué elige. Todo lo que ya dijo hace menos de dos años”, repasó Yama. “Luna no está dispuesta a hacerla de nuevo”, advirtió la madre.
Se enteraron la semana pasada y este lunes presentaron un escrito: “Nos negamos a la pericia por revictimizante e innecesaria. Ya existe esa prueba. Podés pasar por un montón de cosas que no te gustan y discutir sobre cómo la justicia elabora prueba en casos de abuso sexual, despellejando a las víctimas. Pero en este caso es prueba que ya existe. No solo es revictimizante sino innecesaria”, reiteró.
Mientras esperan un resultado favorable al escrito presentado ayer, Yama y Luna buscan visibilizar la situación de la mano de la agrupación de mujeres Mundanas, que comenzó a gestarse poco antes de la denuncia y avanzó a la par del reclamo de Luna. “Hace 10 años el contexto era otro en perspectiva de género. Todo el recorrido que hicimos al principio fue más en soledad. No teníamos noción sobre el Síndrome de Alienación Parental (SAP), sobre ubicar lo que estaba pasando como violencia de género. En función de ese recorrido fuimos asumiendo nuestra militancia”, contó Yama. En Mundanas generan material para docentes y dan asesoramiento profesional acompañando casos como el de Luna. “A partir de lo de Luna, donde veíamos la falta generábamos el dispositivo”. El reclamo de justicia se enmarca en uno mayor, que apunta a una reforma judicial feminista.
El caso remite al de Rosalía Alvarado, sobreviviente de abuso sexual de hace más de 30 años, en un caso que llegó a un histórico juicio gracias a la ley de respeto al tiempo de las víctimas.
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