La derecha de Honduras, manchada de corrupción, se une y arremete contra Xiomara Castro

El Ministerio Público fiscal de Honduras continuaba acéfalo este fin de semana luego de que se vencieran los plazos de renovación de autoridades y de varios bloqueos de parte de las partidos de la derecha en el Congreso, que dieron lugar a una crisis institucional de la que no se ve una salida. Para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), los bloques opositores encabezados por el Partido Nacional y el Partido Liberal, buscan evitar que nuevos fiscales independientes avancen en diversas causas que involucran a sus dirigentes, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández.

“Los diputados de la derecha han hecho causa común entre los partidos tradicionales por sus causas pendientes, y el fiscal actual les había garantizado la impunidad. Están pujando para que no asuma un fiscal independiente, para seguir en impunidad”, afirmó a Tiempo el ministro asesor legal de la presidencia, Enrique Flores Lanza, histórico dirigente del espacio del expresidente Manuel Zelaya, esposo de Castro.

El gobierno relaciona el nombramiento de un nuevo fiscal general y su adjunto con su cruzada contra la corrupción, una de las promesas de campaña que se convirtió en acción desde su asunción en enero de 2022 en el marco de la llamada «refundación de la patria». Creó la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción y acordó con Naciones Unidas la constitución de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (Cicih), que estaría atada a la suerte del ministerio público. “Ahora se asocian en un solo bloque partidario de extrema derecha para defender la corrupción”, señaló Castro luego de una multitudinaria marcha de apoyo convocada el martes en Tegucigalpa, que el oficialismo calculó en más de 100 mil personas.

Maniobras en el Congreso

Los fiscales actuales culminaban su mandato de cinco años el pasado 31 de agosto. Tanto el titular, Óscar Chinchilla, como su adjunto, Daniel Sibrián, llevan cumplidos dos períodos al frente. Ambos son señalados de ser permisivos ante la corrupción en los dos gobiernos del derechista Juan Orlando Hernández, quien se encuentra preso en Estados Unidos por narcotráfico. “Le han garantizado la impunidad al crimen organizado, al narcotráfico, a los responsables del golpe (a Zelaya, en 2009), a la mafia de Honduras. Es una carrera identificada con el crimen”, aseguró a Tiempo el ministro Flores Lanza.

El Congreso unicameral ya tenía con antelación la lista de cinco posibles candidatos que habían superado con creces todos los filtros y evaluaciones que establecen la ley y la Constitución. Uno de ellos es el abogado de 43 años, Johel Zelaya, quien es apoyado por el gobierno y a pesar del apellido no tiene parentesco con el expresidente.

Sin embargo, tras cuatro intentos fallidos, los nombramientos están suspendidos. El Congreso se encuentra en una suerte de “sesión permanente” y su presidente, el oficialista Luis Redondo, adelantó que convocará a sesión “en cualquier momento”. Pero el oficialismo solo cuenta con 49 votos de los 87 requeridos en la cámara de 128 diputados, lo cual no augura una resolución en el corto plazo. El vacío no solo genera incertidumbre social y política, sino también jurídica. La biblioteca está dividida entre quienes, basados en la ley orgánica, dicen que los titulares salientes pueden continuar ejerciendo hasta tanto se nombren los nuevos, y quienes afirman que su mandato está caducado, según establece la Constitución, y cualquier decición que tomen será inválida. Esta es la posición del gobierno, que considera que “incluso hay delito de usurpación de función”.

La tensión entre oficialismo y oposición se agravó en los últimos días por acusaciones mutuas de intentos de romper el orden constitucional, con señalamientos directos a varios generales que secundaron el golpe de Estado que derrocó al presidente Zelaya. La semana pasada, el jefe de los militares, vicealmirante José Jorge Fortín, señaló a cuatro generales retirados por presuntamente promover un golpe de Estado contra Castro. Uno de ellos fue el general Romeo Vásquez, partícipe del golpe de 2009.

Distintos grupos conservadores se estuvieron movilizando en las últimas semanas contra algunas iniciativas del gobierno, al que acusan de “populista”, “autoritario” y “comunista” y de querer llevar al país al modelo de “Cuba y Venezuela”, en sintonía con las caracterizaciones que se hacen de los gobiernos populares. “Han estado en una campaña: que no manda la pesidenta, que manda Mel Zelaya, que son comunistas… ellos (la oposición) pensaron que habían calado en la gente pero se demostró que la gente está firme”, afirmó Flores en referencia a la movilización popular del martes. “Más bien hay que detenerlos porque la gente quiere ir a sacarlos del Congreso”, agregó.

La debilidad legislativa del gobierno se profundizó este año cuando el vicepresidente y líder del Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, se retiró de la alianza con la que se ganaron las elecciones en 2021 y convocó a la conformación del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), al cual se integraron otras tres formaciones políticas, entre ellos los partidos Nacional y Liberal.

“Afloran los intereses comunes de los dos partidos tradicionales y se alían en contra de nosotros, que estamos impulsando los cambios. Tenemos una ley de justicia tributaria que quiere hacer pagar a los más ricos que han estado exonerados. Estos mismos grupos representan al sector financiero, a las empresas de energía, todo lo que es el gran capital. Entonces ya es una lucha frontal. En términos económicos y políticos”, aseguró el ministro asesor de la presidencia.