Derechos y ajuste

Las políticas de ajuste y el incumplimiento (y no reconocimiento) de los derechos son dos caras de la misma moneda. Esta es una de las tantas conclusiones que pudieron extraerse esta semana en torno al debate por la interrupción voluntaria del embarazo. Un capítulo más de un histórico proceso que no finalizó con el rechazo en el Senado y que seguirá tomando cada vez más impulso. El tema está más instalado que nunca y forma parte de la lucha de amplios colectivos sociales por el respeto a las justas e impostergables reivindicaciones de género. El impulso es tal que hasta hubo manifestaciones de apoyo fronteras afuera.

A pesar de la negativa de los senadores, no hay que perder de vista lo conseguido en la Cámara de Diputados, un ámbito donde las votaciones expresan mucho mejor las relaciones de representación y proporcionalidad. Por eso, el acceso al aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de tiempo, y seguramente volverá a tratarse en el Congreso ni bien los tiempos reglamentarios lo permitan. Este debate, finalmente va a terminar instalando nuevos derechos.

El balance es positivo, entre otras razones porque deja en evidencia el papel clave que posee la movilización popular para la ampliación y defensa de los derechos. Algo coherente con la importancia de la resistencia ciudadana para el rechazo de las políticas que limitan derechos o recortan beneficios.

La relación entre ajuste e impacto en los derechos quedó clara en la postura del gobierno en cuanto a este tema. María Eugenia Vidal afirmó: «Si la ley no se vota hoy, mañana voy a estar más aliviada». Según la gobernadora: «Las cirugías programadas aún tienen demoras. Hoy esa cirugía que se pide como un derecho compite con la cardiopatía y con la operación oncológica». Sin ánimos de personalizar, ni de discutir sobre los aspectos que pertenecen al plano médico, estas declaraciones no hacen más que escudarse en un típico principio conservador del manual neoliberal, bautizado como «la planilla de Excel»: sostener los límites presupuestarios cueste lo que cueste. A partir de esta visión resulta habitual que en temas como salud y educación, las necesidades compitan entre sí por el presupuesto. Lo que nunca es natural es que ese presupuesto se recorte y subejecute, tal como ocurre actualmente. En el límite, la fórmula es perversa: cuanto mayor sea la pérdida de derechos, más alivio sentirán quienes estén decididos a ajustar.

Sin embargo, la política del recorte permanente tiene efectos concretos, tal como lo fue la explosión en la escuela de Moreno, donde murieron la vicedirectora y un auxiliar como consecuencia de estas políticas, que no afectan a todos los sectores por igual.

El doble estándar de las autoridades es preocupante. Mientras las menores obligaciones para realizar gastos de tipo social generan alivio entre los ajustadores, no parece que aumente la angustia ante el creciente peso de los intereses de la deuda. Según los números de consultoras privadas, si a fines de 2015 el 7,9% de los recursos del Estado se destinaba al pago de intereses, en 2018 la partida llegará al 15,5%, casi el doble. Es una consecuencia del aumento de la deuda y de la depreciación del tipo de cambio (que repercute en la parte de la deuda en moneda extranjera).

El derrotero del ajuste

En una semana agitada, en la que el histórico debate sobre la legalización del aborto compartió la portada de los principales diarios con el tema de los «cuadernos», se sucedieron otros hechos que no se pueden dejar de mencionar.

Las autoridades del gobierno nacional, en forma unilateral y sin tomar en cuenta las opiniones de sindicatos y empresarios del sector privado reunidos en el Consejo Nacional del Empleo, decidieron un aumento del salario mínimo vital y móvil (SMVM) del 25 por ciento. Como este incremento será abonado en 4 cuotas, este 25% se hará efectivo recién en junio de 2019. De esta forma, el SMVM que se utiliza como parámetro para el cálculo de los salarios docentes, para el haber mínimo jubilatorio por la vía del 82% móvil (excluidos quienes ingresaron por moratoria) y para las asignaciones sociales, queda en un nivel que va bien por detrás de la variación de precios al consumidor. En efecto, mientras que la inflación estimada para diciembre 2018 está por encima del 31%, los salarios mínimos habrán aumentado sólo un 27,5% para ese entonces. Esta situación no es una novedad. Desde diciembre de 2015, el poder adquisitivo del SMVM cayó un 12 por ciento.

El haber mínimo de los jubilados también vio afectado su poder de compra con la aplicación de la nueva fórmula de movilidad, implementada a través de la «Ley de Reparación Histórica». Estas percepciones se habrán incrementado un 27% a fines de 2018.

Los más perjudicados serán aquellos que hayan ingresado al régimen de moratoria previsional, una posibilidad que durante la gestión anterior se les brindó a aquellas personas que por alguna razón no pudieron completar sus aportes. En un acto inequitativo, el actual gobierno decidió no incluirlos en el bono extraordinario de $ 750 del mes de marzo, ni tampoco en el régimen del 82% móvil. Así las cosas, estos jubilados tendrán a diciembre de este año un incremento de sólo el 21,7% (es decir unos 10 puntos porcentuales menos que la inflación estimada).

El gobierno nacional también decretó el recorte en montos y beneficiarios de las asignaciones familiares que reciben los trabajadores con menores salarios. La medida fue suspendida por 30 días dada la gran resistencia social que generó. Sin embargo, es interesante analizar algunos de los argumentos utilizados para, por ejemplo, recortar el adicional por zona desfavorable. Desde el gobierno se argumentó que las provincias pagan un plus menor a los hijos de un trabajador que está bajo su jurisdicción que si el pago proviene de la ANSES (El Cronista, 09.08.18). A partir de allí el gobierno nacional aprovecha para equiparar eliminando el plus que paga. Una clara idea de «equilibrar hacia abajo», sin importar los mayores costos que enfrentan las familias de esas zonas.

Siguiendo con los impactos concretos, se conoció esta semana el dato de la Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria (UCII) correspondiente al mes de junio, en medio de una caída de la actividad industrial de más del 8 por ciento. Como era de esperar, la UCII sintió el impacto: 61,8% de uso, en promedio, cuando un año atrás era de 67,1%, una baja significativa. Es decir, más de un tercio de la capacidad instalada de la industria en Argentina se encuentra ociosa. Con estos niveles de utilización difícilmente haya nuevas inversiones.

Cada vez es menos probable que la economía despegue en el último trimestre. El propio Banco Central sostuvo en su comunicado de política monetaria reciente que «en 2018 la economía se mantendrá en niveles similares al año anterior». La frase de manera tímida dice que habrá estancamiento.

A pesar de ello dejó la tasa de referencia en el 40% y señaló que «mantendrá el sesgo contractivo de la política monetaria hasta que la trayectoria de la inflación, así como la inflación esperada, se alineen con la meta establecida para 2019». A su vez, afirmó que «se requiere un período más prolongado de estabilidad financiera para alejar los riesgos de un traspaso mayor al previsto del tipo de cambio a los precios minoristas». El salto cambiario de los últimos días de la semana, que no estaba incorporado en el comunicado, augura complicaciones adicionales por el lado de la inflación y seguramente el gobierno trate de profundizar aún más el ajuste. «