Consecuencia de la islamofobia, el nacionalismo cristiano y la Corte como bastión militante de ultraderecha. Promedio de dos ataques por día y matan a unas 70 mujeres al mes.

La andanada de crímenes masivos producida entre el 20 y el 24 de junio obligó, al fin, a admitir la gravedad de la situación y tomar medidas. El martes 25 la Suprema Corte reflotó una ley que impide la tenencia de armas de fuego a los «agresores domésticos», tras constatar que un promedio de 70 mujeres mueren cada mes baleadas por sus parejas. Y el mismo día, el cirujano general de la Unión, Viveck Murthy, dijo que «la violencia con armas de fuego ejercida diariamente en las calles de nuestras ciudades representa una grave amenaza para la salud pública y el bienestar del país». El cirujano general es el vocero en materia de salud pública y tiene la misión de «proteger, promover e impulsar la salud y seguridad de la Nación».
Hasta ahora la violencia tenía entre sus objetivos prioritarios a los negros, que conforman una parte sustancial de la sociedad estadounidense (cerca del 13%). En estos días de odio, por caso, uno de los ataques más sangrientos se perpetuó en Oakland (California), durante una celebración del «Juneteenth» (día de la liberación), fecha que recuerda la abolición formal de la esclavitud. Pero desde que se reavivó la crisis en Oriente, los crímenes de odio se extendieron a los ciudadanos de raíces palestinas. La islamofobia se manifestó primero en Illinois, donde un niño de seis años fue asesinado a cuchilladas, y luego en Texas, donde el muerto a puñaladas fue un hombre. Ahora, el 24 de junio, una mujer intentó ahogar en una piscina de Texas a una niña musulmana de tres años.
Valiéndose de la fanatización que impuso a la sociedad la prédica ultraderechista de Donald Trump, quien en el marco de su campaña hacia las presidenciales se dice «perdidamente religioso», los grupos extremos del cristianismo se lanzaron al asalto de las instituciones. Así, el gobernador de Louisiana, Jeff Landry, promulgó una ley de obliga a «exhibir una copia bien notoria de Los diez mandamientos de la Biblia» en todas las aulas de todas las escuelas del Estado. Samuel Alito, uno de los jueces de la Corte Suprema Federal, exhortó a los gobernadores de los 50 estados a seguir los pasos de Landry para «afirmar esta batalla sagrada que libramos para retornar al país a ser un lugar de piedad, una nación cristiana».
Para el republicano Mike Johnson, un locutor radial devenido en titular de la Cámara de Representantes, “mi nominación es una señal de que EE UU vuelve a sus raíces religiosas por mandato de dios”. Un sector del Partido Demócrata alertó que «nadie debería ver al nacionalismo cristiano como un grupo de gente de fe. Son lo opuesto, quieren establecer la unión Estado-Iglesia e imponer una teocracia”. Están renaciendo, dice el texto, y se basan en un sondeo del Public Religion Research Institute (PRRI) que registró que tres de cada diez personas opinan que las leyes deberían basarse en valores cristianos, que el gobierno debería declarar al país como nación cristiana y que «Dios nos ha llamado a los cristianos a ejercer dominio sobre todos los sectores de la sociedad estadounidense».
“Si quieres respetar el imperio de la ley tienes que empezar con el legislador original, que fue Moisés», proclamó Landry cuando promulgó la ley sobre Los diez mandamientos. Años atrás una idéntica exigencia, esa vez de Kentucky, fue anulada por inconstitucional por la Corte. Eran otros tiempos. Hoy el tribunal es un bastión militante de la ultraderecha. Tanto, que luego de que los fieles de Trump asaltaron el Congreso en 2021, para dar un golpe, el juez Alito izó una bandera al revés en su propia casa y en señal de apoyo al golpismo. El sondeo del PRRI detectó que “una mayoría de nacionalistas cristianos (el 55% de los votantes de Trump) cree que se viene una tormenta que barrerá a la casta y restaurará a los líderes correctos”. Si así no fuera, “los patriotas deberán salvarnos por medio de la violencia, como hoy en las calles”.
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