“Desalojo a punta de fuego”: la denuncia de las comunidades mapuches ante los ataques de los gobiernos y medios amigos

Los fuegos en la Patagonia ya arrasaron con una superficial similar a la de la Ciudad de Buenos Aires. Se calcula que el 95% de los incendios forestales se producen por el accionar humano, ya sea por intencionalidad, negligencia o accidentes por fogatas, asados y colillas de cigarrillos mal apagados, la preparación de áreas de pastoreo con fuego y la quema de residuos forestales.

La intencionalidad también aparece como principal hipótesis en el caso de Chubut, epicentro de las llamas, pero la verdad parece lejos de las versiones sin sustento que circulan en redes sociales y de las que difunde el Gobierno Nacional, culpando a comunidades mapuches, quienes sacaron un comunicado en las últimas horas a través de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, donde rechazan las acusaciones y lo definen con una frase: “Desalojo a punta de fuego”.

Denuncian la inacción de los gobiernos, mientras los persiguen, con allanamientos y desalojos, enumeran “episodios extraños” previos a los fuegos, por los que luego los terminan culpando a los mapuches. Y se preguntan si no hay una intencionalidad en propagar las llamas, para generar una expulsión de las comunidades y mayor gentrificación.

En diálogo con el programa Buenas Tardes China, el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, aseguró que “hay en los medios un montón de cosas que no están en la realidad objetiva de la causa”. Lo dijo ante la consulta sobre versiones que involucran a ciudadanos israelíes y a miembros de comunidades mapuches: “Está totalmente descartado. Es lo más alejado de la realidad en la que vivimos”.

Los gobiernos contra los mapuches

Previamente, el Ministerio de Seguridad de la Nación había difundido que “los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”.

A través de un comunicado, las distintas lof del Puel Mapu respondieron: “Repudiamos los dichos tanto de la Ministra de Seguridad (reemplazante de Bulrrich) Alejandra Monteoliva como los del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quienes atribuyeron la culpabilidad del incendio originado en Patriada a ‘grupos terroristas autoproclamados mapuche’ hipótesis que fue descartada por el Fiscal Díaz Meyer. Ambos personajes pretenden disfrazar su desidia, culpando una vez más a integrantes del pueblo mapuche como los responsables de este voraz incendio que arrasó y podría continuar arrasando todo lo que encuentre a su paso, pese a los redoblados esfuerzos que realizan los combatientes, brigadistas, bomberos voluntarios y vecinos autoconvocados. Todos ellos arriesgando su vida por salvar lo que es de todos”.

“Los medios regionales y nacionales se exaltan y ponen énfasis por el hecho de que sean intencionales. Pero nada dicen de la falta de previsión por parte del gobierno, después de lo vivido el año pasado en Epuyen, donde se destruyeron más de 70 viviendas y la mayoría no se han reconstruido. Aún con ése panorama no hubo ninguna previsibilidad, ni con tanques australianos, ni raleos de bosques de pinos. Y ni hablar de los trabajadores del Manejo del Fuego, brigadistas, con contratos precarizados, de los cuales se despidió casi el 50 por ciento de los trabajadores en este último año”.

También mencionan hechos “extraños” que se suscitaron estos meses, “como la aparición de explosivos (granadas) en Puerto Bonito, Epuyen. Por lo cual el domingo 4 cierran el acceso y despliegan un operativo de seguridad. El lunes 5 se inicia el fuego en la zona de Puerto Patriadas. El gobernador aterriza en una avioneta de Estados Unidos en la Comarca. Martes 6 el fuego llega al otro lado del Cerro Pirque y nadie acude a apagar, más que vecinos organizados. A partir del miércoles 7 el fuego se desparramó, por toda la zona. Se descontroló”.

Y continuaron el relato: “Evacúan varias zonas del pueblo de El Hoyo, El Pedregoso, Epuyen, Río Minas, El Coihue. Toda la comarca participa de la ayuda, se piden motobombas, totem de agua, traslados voluntarios. El viernes por la noche los pedidos de ayuda fueron a montones y todos desesperados. Durante el fin de semana las necesidades se redoblan, son urgentes, agobiantes, dolorosas. Hay focos por todos lados. Hay angustia, y sobre todo abandono por parte del gobierno. No es desidia, es una decisión. Al decir del gobernador sólo se quemó una casa. Eso no es verdad, entre casas y galpones estaría llegando a una decena. Cuestiona todos los pedidos de ayuda a brigadas vecinales que se vienen organizando hace años, y que son quienes más les están poniendo el cuerpo, sus vehículos, trasladando mangueras, motobombas, con ropa y calzado insuficiente para atender el fuego en zonas inhóspitas. Grupos organizados en distintas cocinas preparan viandas para quienes están en zonas de riesgo, todo con donaciones o poniendo plata de sus bolsillos. Recursos resueltos comunitariamente”.

Sin fondos para prevenir

El comunicado también destaca la revelación de Tiempo, días atrás, en la que se remarcó cómo, frente al panorama de crecientes incendios cada verano en la Patagonia, el gobernador Torres igual decidió bloquear desde marzo de 2024 más de 600 mil dólares enviados por organismos internacionales para la prevención de incendios forestales, justamente, en El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo; hoy quemados.

Esos fondos integran una partida de 3,5 millones también retenidos para el resto de las provincias patagónicas. Lejos de brindar respuestas, y protegido por medios que encubren sus actos, Torres reaccionó con violencia cuando se conoció esa información, atacó con mentiras a Tiempo y volvió con falacias para argumentar que el dinero sí había llegado a destino.

En el centro está el ajuste y la falta de fondos para prevención y acción. Degradada de Ministerio a Subsecretaría, el área de Ambiente tendrá en 2026 un presupuesto del 33,8% menor a 2025, y será un 80% más bajo en términos nominales que el de 2023, según relevó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). En 2026, los recursos del Fondo Nacional de Bosques Nativos serán 28 veces menos de lo que exige la ley 26.331: recibirá el 0,0107% del presupuesto, cuando debería ser del 0,3%. Este año, además, habrá sólo 23 planes de protección de bosques, tras un 2025 y 2024 sin ninguno y cuando en 2023 existieron 2000 planes protectivos.

Los datos del FARN cuantificaron también que el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SMNF), ahora rebautizado AFE, recibirá este año 20.131 millones de pesos, un 53,6% menos que en 2025 y por debajo del 70% respecto de 2023. Más que un desfinanciamiento y una destrucción del Estado, se trata de un llamado a la quema de los bosques nativos de la Cordillera. Una política de gentrificación que también se evidencia en que, en el régimen de La Libertad Avanza, el manejo del fuego pasó del degradado Ministerio de Ambiente al de Seguridad. Reprimir en lugar de prevenir.

Un informe de Greenpeace reveló que Chubut representa el 56% de la pérdida del bosque andino. Según datos oficiales del gobierno nacional, solo en un año se cuadruplicó la superficie de bosque nativo quemado: de 7747 hectáreas entre octubre y marzo de la temporada 23/24, a 31.722 en igual período de 2024/25.

El fuego como estrategia de gentrificación

“¿Porque se repite el fuego? Porque no están los recursos, porque no hay prevención y como siempre llegan tarde. ¿Y cuál es la respuesta, monotemática del gobierno? Culpar al pueblo Mapuche”, enfatizan desde la Comunidad.

Resaltan que en estos días el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Héctor Iturrioz, afirmó que “la hipótesis respecto del incendio es que fueron los mapuches, porque es lo que muestra la historia”.

Frente a eso, le contestaron: ”Lo que muestra la historia y se volvió a mostrar es que los primeros en incendiarse son las comunidades, como paso con pu lof Monsalve y Pulgar Huntuquidel, que perdieron todo, ruka, animales, bosque, todo”.

Ofrecen como ejemplo “lo que ocurrió el año pasado que luego de acusar a nuestro pueblo allanaron 11 viviendas, golpearon y humillaron a pu peñi ka pu lamuen, pero con quienes más se ensañaron fue con pu papay, pu chachay, ancianos y ancianas de la comunidad. Se llevaron celulares, libros, diferentes objetos, tomaron muestras de ADN de kompuche. Deteniendo una mujer que luego de 6 meses no encontraron ninguna prueba para incriminarla. ¿Eso sigue ahora? Van a volver a usarnos como chivo expiatorio. ¿Para conformar a quién? ¿Por qué dejaron quemar el Parque Nacional Los Alerces? ¿Por eso desalojaron el Lof Pailaco, porque tienen intereses en esa zona? Nos están desalojando a punta de fuego. Año a año usan el fuego como una estrategia de gentrificación. Usan el odio y el racismo para generar división”.