Descuido paraguayo y un «premio» en Tel Aviv: sigue la novela del avión

Una supuesta interna de la inteligencia paraguaya con pase de facturas hacia la argentina incluida, el cargo de embajador argentino ante Israel y un fantasma irresuelto del atentado aún impune contra la AMIA aparecieron como nuevos elementos de intriga por el avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza con sus tripulantes libres y sin acusación pero impedidos de salir del país.

Los extranjeros confían en que en las próximas horas les serán devueltos sus teléfonos celulares y sus documentos, aunque son menos optimistas con respecto al Boeing 747 estacionado en Ezeiza. Calculan que para que esa aeronave despegue desde el aeropuerto faltan entre 20 días y un mes, cuanto menos.

Los celulares les fueron secuestrados sin que mediara una acusación. Y el contenido de cada uno de ellos está siendo analizado minuciosamente. La orden fue emanada de un juez, lo que da cobijo legal al procedimiento. Pero no aparece en superficie una razón que justifique tal invasión a la privacidad. Si en uno de esos teléfonos aparecieran imágenes de pedofilia, ¿podría el poseedor de ese material ser condenado? Probablemente, todo se derrumbaría por aplicación de la doctrina del “fruto del árbol venenoso”: si lo que originó la investigación es nulo, todo lo que le sucede después también lo es.

¿Y si les encontraran información sobre los preparativos de un atentado sería igual? Por supuesto. En uno y otro caso la información obtenida sería resultado de una “excursión de pesca”. El abogado Marcelo Parrilli lo explicó con claridad en Twitter: “No se empieza a investigar a partir del conocimiento de un hecho que puede constituir delito sino que se empieza a investigar para ver si se ‘encuentra’ algún delito”. Eso está prohibido en el derecho penal argentino.

No obstante, si por esa vía se evitara un atentado, ¿quién se animaría a reprocharle al juez una excursión de pesca si de esa manera evitó decenas de muertes? Probablemente nadie, lo cual sería altamente peligroso. Una remake de “el fin justifica los medios”, frase que Nicolás Maquiavelo nunca escribió.

“La inteligencia iraní es la quinta en el mundo. Ha formado espías en muchos países. No vamos a encontrar a dos iraníes en un cuartito preparando una bomba, pero no podemos no investigar si en algún lugar se podría estar planeando un atentado”, justifican los investigadores.

Solo el moderado optimismo de iraníes y venezolanos sobre el futuro inmediato frena una serie de denuncias y reclamos sobre el accionar de las autoridades argentinas, especialmente la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Los extranjeros comparten una defensa común, que presentará ante el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena documentación con la que pretenden probar que unos son instructores de vuelo y los otros, trabajadores de distinta jerarquía de Conviasa, la estatal de aeronavegación con sede en Caracas que están recibiendo esa instrucción.

Los investigadores coinciden en que “los venezolanos no tienen nada que ver en esta historia” y que el objetivo “siempre fueron los iraníes”. De hecho, no descartan que a los primeros se los autorice a salir del país.

La PSA está en el centro de la ofuscación de la defensa común de los extranjeros. Avizoran que haber inspeccionado la aeronave sin una orden judicial es consecuencia de una interna que tiene como trasfondo a la embajada argentina en Tel Aviv. Para ese cargo, el gobierno tiene pensado el nombre de la exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño. Pero la defensa de los extranjeros supone que el jefe de la PSA, José Alejandro Glinski, aspira a ese cargo y por eso sobreactuó la situación en torno al avión.

La PSA está habilitada para inspeccionar aeronaves comerciales. Sin embargo, hay un marco de actuación que tiene límites muy precisos en prevención de eventuales conflictos diplomáticos. ¿Se violaron esos protocolos? Es una de las cuestiones que se insinúan como objeto de una judicialización futura.

En este contexto, el ministro de Inteligencia de Paraguay, Nicolás Aquino, proclamó que el piloto del avión, Gholamreza Ghasemi, es (o fue) integrante de la guardia revolucionaria iraní Al Quds. En el gobierno argentino creen que también eso es una sobreactuación de los servicios secretos paraguayos, a los que se les pasó por alto que ese mismo avión, probablemente con los mismos tripulantes, había estado en su territorio sin que se activara ninguna alarma. Lo supieron tarde y mal por “agencias internacionales amigas”. ¿Acaso una forma discreta de aludir a la CIA y al Mossad?

Otro de los factores que explica el culebrón del avión viene del pasado y con nombre y apellido: Khalil Ghatea. Se trata de un iraní que en abril de 1994, unos tres meses antes del atentado contra la AMIA, intentó salir de la Argentina con un pasaporte robado a nombre del estadounidense Scott Gregory Hall. La maniobra fue detectada, el vuelo no se concretó y el iraní tuvo una causa judicial. Ghatea intentó salir de la Argentina nuevamente una semana después del atentado, con una autorización que le había extendido el entonces juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santa Marina. La Cámara Federal de La Plata lo impidió y de paso descubrió que había iraníes que estaban siendo investigados por la Side en el marco de una causa que tramitaba ante ese juez, pero esa información le fue ocultada al juez Galeano, a cargo del expediente por el ataque a la mutual judía.

La vinculación de Ghatea con el atentado nunca se consolidó; fue una más de las líneas de investigación que condujeron hacia la nada. Pero su nombre reapareció en las últimas horas para explicar las razones de la investigación.«