El ajuste se produce mientras aumentan los desalojos de miles de familias. La auditoría porteña detectó escaso personal, casi un 72% menos de asistencia, varias irregularidades en los protocolos de intervención, y falta de registros y procedimientos formales.
Según el GCBA “más de 700 trabajadores y profesionales (psicólogos, trabajadores sociales y operadores sociales) recorren la ciudad las 24 horas todos los días, atendiendo, orientando y acercando a las personas y familias en situación de calle todos los recursos con los que cuenta el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat”.
¿Es así? Un relevamiento recientemente publicado de la auditoría porteña indica todo lo contrario. El informe detectó limitaciones en los recursos humanos, con equipos BAP sin agentes durante gran parte de 2024 y dotación reducida en la Línea 108, lo que afecta la capacidad de respuesta. Además, registró una brecha significativa entre metas y ejecución: se planificó asistir a 260.000 personas y se alcanzaron 73.331 (−71,8%), lo que evidencia problemas de planificación y seguimiento del programa.
El documento visualiza el funcionamiento de este programa durante el primer año de gobierno de Jorge Macri (2024), una situación que proyecta un vaciamiento del mismo, debido al bajo presupuesto y el ajuste programado tras la firma del pacto de la alianza PRO-LLA.
La inspección se realizó sobre el “Programa 45 Asistencia Inmediata ante la Emergencia. Actividad 10000 Atención en Situación de Emergencia”, con el objetivo de “evaluar el desempeño de la Dirección General De Atención Integral Inmediata en situaciones de emergencia por parte del Programa Buenos Aires Presente y Línea 108 en términos de eficiencia y eficacia y economía.”
Son varios los recortes y falencias detectados en la Red de Atención a personas en situación de calle. El organismo de control porteño observó que “los protocolos de intervención en las que se articula con otras áreas presentan faltantes que regulen aspectos que permitan controlar y evaluar de forma eficaz y eficiente las intervenciones, por cuanto: ninguno establece tiempos estándar de respuesta, lo que limita la medición de eficiencia”, explica en el informe.
Respecto al uso del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), una plataforma digital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para caratular, numerar, registrar y gestionar trámites y expedientes electrónicos, la auditoría porteña detectó que “no garantiza trazabilidad integral ni supervisión sistemática. No se incluyen indicadores de desempeño que permitan evaluar eficacia en función de resultados”, agrega.
En ese sentido, además señala que “no se encontraron evidencias documentales que acrediten la de protocolos de actuación o registros sistemáticos de intervenciones formalización conjuntas (Ministerio de Seguridad, Espacio Público e Higiene Urbana). Tampoco cuentan con un sistema formal de registro ni con actas de mesas intersectoriales que respalden dichas interacciones, encontrándose “en proceso de creación e implementación de un sistema de registro”. El Informe Final de Gestión 2021–2023 recomienda expresamente “continuar y mejorar las articulaciones con todas las áreas de Gobierno estableciendo protocolos de actuación.”
“Fallaron” todas las proyecciones estipuladas
Con respecto a las metas físicas, durante el ejercicio 2024, se programó un total de 260.000 personas asistidas. Sin embargo, la ejecución acumulada fue de 73.331, lo que representa un desvío negativo del 71,80% respecto de lo planificado.
“La programación de metas físicas no se basó como criterio en la capacidad efectiva del programa, lo que derivó en una sobreestimación significativa. A su vez, la ausencia de ajustes en función de la ejecución previa impidió corregir estas proyecciones”, aduce el documento.
Según la auditoría, esta deficiencia también afectó la estimación presupuestaria, al no reflejar la demanda real ni los recursos necesarios en función de la capacidad de cumplimiento. Conforme a los principios de eficiencia y eficacia en la gestión pública, la programación de metas físicas debe ser coherente con las capacidades operativas y debe constituir el insumo base para la estimación del presupuesto anual, permitiendo así una asignación adecuada y oportuna de los recursos financieros.
Abandono de llamadas
Otro de los puntos preocupantes tras el relevamiento realizado por la auditoría, es el porcentaje de abandono de llamadas. En el período relevado se situó en 12,33% en el primer semestre y en 8,22% en el segundo, superando en ambos casos el estándar de gestión previsto para la Línea 108 que fijó un umbral máximo de 6% de llamadas abandonadas.
“La persistencia de valores por encima de la meta compromete la accesibilidad de la población al servicio, limita la cobertura de la demanda y puede derivar en la pérdida de situaciones críticas sin atención”, explica el informe.
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