Desde lo simbólico y desde lo institucional, Macri arremete contra Maduro

Como quien guarda una carta en la manga para ganar una partida, el presidente Mauricio Macri subió el volumen de su discurso público sobre Venezuela este jueves, en vísperas de la convocatoria “de urgencia” que celebrarán el próximo sábado los estados parte del Mercosur para tratar la suspensión del país caribeño. Por la mañana, antes de que se ventilara la reunión de cancilleres prevista en San Pablo, Macri salió con los tapones de punta y anunció su decisión de quitarle la “Orden del Libertador General San Martín” al presidente Nicolás Maduro.

Esa condecoración diplomática había sido concedida durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero su sucesor ahora resolvió quitársela. El gesto de desautorización diplomática fue el canal elegido por Cambiemos para insistir con el objetivo que el gobierno argentino no logró en la reciente cumbre del Mercosur que se celebró en Mendoza hace dos semanas. «Venezuela tiene que ser suspendida definitivamente del Mercosur» porque el gobierno bolivariano «hace rato que dejó de ser democracia, se violan sistemáticamente los Derechos Humanos», dijo Macri y consideró «inaceptable lo que está sucediendo» en ese país.

«Venezuela tiene que ser suspendida definitivamente del Mercosur. Había dado la orden ayer y justo coincidió con el pedido de (el titular del interbloque de Diputados de Cambiemos) Mario Negri de retirarle la orden de San Martín (al presidente venezolano Nicolás Maduro) porque lo que está sucediendo en Venezuela es inaceptable», anunció Macri en uno de los habituales reportajes que su equipo de prensa realiza en distintas ciudades del interior durante la campaña electoral. «Los venezolanos la están pasando realmente mal, para ellos la vida ha perdido valor por el maltrato, el abuso, violencia, todas cosas que en la cual los argentinos nos hemos comprometido en dejar atrás y tratar de manejarnos como corresponde, dialogando como lo hemos puesto sobre la mesa desde que somos gobierno», agitó.

Desde el 21 de julio, la presidencia temporaria del Mercosur está en manos de Brasil, que este jueves anunció una convocatoria de urgencia para definir la aplicación de la clausula democrática del protocolo de Ushuahia, que sanciona con la suspensión a cualquier estado parte, o en proceso de adhesión, que viole el régimen democrático.

La primera avanzada para esa aplicación la protagonizaron los gobiernos de Macri y su par brasileño Michel Temer que impulsaron la separación definitiva de Venezuela del Mercosur, pero el plan fue frenado por el mandatario uruguayo Tabaré Vázquez, que exigió la «no intervención de países terceros en asuntos internos» y el «respeto a la autodeterminación».

Los países del Mercosur optaron finalmente por suavizar su posición respecto al gobierno de Nicolás Maduro y manifestaron su «profunda preocupación por el agravamiento de la crisis política, social y humanitaria» en Caracas, a la vez que instaron al «cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas» en el país caribeño.

Hace dos semanas, ante la negativa uruguaya, la salida de consenso consistió en notificar al gobierno de Venezuela y a la oposición del proceso de consultas que establece el protocolo de Ushuaia. En ambos casos, según pudo saber Tiempo, las consultas fueron contestadas desde Caracas, con la imposibilidad de iniciar el proceso de diálogo que planteaban los estados parte del Mercosur, de acuerdo al edulcorado comunicado que habían consensuado en Mendoza.

Cumplida esa instancia, le reunión del próximo sábado dará por concluida la etapa de consultas prevista por el protocolo de Ushuaia, y posiblemente se concrete la suspensión que no pudo imponerse hace dos semanas atrás al pie de los Andes. Venezuela ya está suspendida desde diciembre, por no cumplir con los trámites de adhesión que inició el gobierno bolivariano, pero ahora el tono sería más cercano a una expulsión, y reabriría la puerta a los gobiernos de Brasilia y Buenos Aires a retomar un discurso público mucho más duro contra Venezuela, en consonancia con las sanciones económicas que Estados Unidos aplicará en forma progresiva.

El antecedente sobre la aplicación del Protocolo de Ushuaia fue la suspensión de un año de Paraguay en 2012, luego de que fuera considerado una ruptura al orden democrático el juicio político que destituyó al entonces presidente Fernando Lugo.