La denuncia que había había sido formulada por el diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, fue desestimado por el Consejo de la Magistratura.
Por amplia mayoría de diez votos, el plenario del Consejo aprobó un dictamen desestimatorio redactado por la senadora del Frente de Todos María Inés Pillati, que puso fin a un proceso que se extendió por casi cuatro años en contra de Ramos Padilla padre.
La denuncia había sido formulada por el diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, a raíz de una serie de tuits que publicó el juez con opiniones personales sobre cuestiones políticas, institucionales e incluso sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
En el Consejo, el juicio político fue impulsado por otro representante de Juntos por el Cambio, el consejero diputado Pablo Tonelli, quien incluso había elaborado un dictamen acusatorio que fue rechazado.
Por la desestimación del juicio político se pronunciaron, además de Pillati, los legisladores Vanesa Silley, Graciela Caamaño y Mariano Recalde; los jueces Alberto Lugones, Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo, y los abogados Diego Molea y Juan Pablo Mas Vélez. La senadora opositora Silvia Giacoppo votó por la continuación del juicio político y la abogada Marina Sánchez Herrero se abstuvo.
“Se investigaron 11 años de tuits míos y se ha consagrado la libertad que tenemos los jueces de dar nuestras opiniones políticas”, dijo Ramos Padilla padre tras la votación, que se realizó en el marco de un plenario que se celebró por el sistema de comunicación a través de internet Zoom.
El abogado Mas Vélez, pese a votar por el rechazo, señaló que a Ramos Padilla “le hubiera encantado venir a defenderse”.
“Lo conozco y mucho al juez, desde hace muchísimos años. Comparto la propuesta del consejero Tonelli para citarlo al juez, creo que él hubiera agradecido la citación, por lo que lo conozco hubiera estado encantado de venir”.
No obstante, recordando antecedentes incluso de tribunales internacionales en materia de libertad de expresión, Mas Vélez reivindicó el derecho de los jueces a expresar sus opiniones como ciudadanos: “es bueno escindir lo que un juez puede hacer a partir de las 18 horas, cuando deja de trabajar. No se puede conculcar a un ciudadano, en este caso un juez, a participar activamente en la vida de otros asuntos”.
La diputada Caamaño aprovechó el debate para calificar a Twitter como “una red social misógina” y opinó que ante la gravedad de la situación social, política y sanitaria que atraviesa el país en el marco del coronavirus “debatir sobre los límites de expresión de un juez en Twitter no es lo que desvela el sueño de los justiciables”.
“Me parece hasta intrascendente opinar de esto. El juez, el diputado, el presidente, todos tienen el derecho a decir lo que piensan. Puedo estar en absoluto desacuerdo con lo que digan pero voy a defender a morir para que lo diga. A Ramos Padilla no lo voy a juzgar por lo que diga en un tuit sino por lo que haga como juez”.
Por su parte el oficialista Recalde advirtió que la denuncia contra Ramos Padilla “tenía un objetivo abstracto, que era condicionarlo en su manera de pensar”. En ese marco, votó por la desestimación del juicio político “no sólo por el derecho a decir lo que piensa sino porque, además, estoy de acuerdo con lo que dijo”.
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