Desestiman una denuncia penal contra la fallida ‘revolución de los barbijos’

El fiscal federal Federico Delgado desestimó una denuncia de un grupo de ciudadanos contra los organizadores de la fallida “marcha de los barbijos” o “7M”, la convocatoria a romper la cuarentena por el coronavirus cuyas caras visibles fueron los economistas Javier Milei y Miguel Boggiano.

“Se trata de un hecho insignificante para el interés público”, opinó Delgado. Pero enseguida aclaró: “Claro que no en términos de debate republicano. En ese plano los hechos son graves”.

Sin embargo, los hechos –dictaminó el fiscal- no constituyen delitos. “No se trata en este caso de una organización articulada para conmover los cimientos de la república en base a la difusión de mensajes falsos utilizando, por ejemplo, las redes sociales. Si existe alguna afinidad entre los hablantes, esa afinidad parece ser solamente ideológica y lo que las personas piensan no puede ser sometido a las leyes penales”.

Representados por el abogado José Ubeira, un grupo de ciudadanos identificados en el expediente como Oscar Balestiri, Oscar Cuattromo, Jorge Carea, Gerardo Amieiro, Aldo Dudevich, Rodolfo Briozzo, Jorge Gaggero, Arnaud Iribarne, y Renato Miari, pidieron que “se investiguen a las personas responsables de cometer los delitos de instigación a cometer delitos contra la salud pública y la administración pública, por promover la circulación de flyers por las distintas redes sociales, como whatsapp, twitter, Facebook e Instagram, que instaban a una convocatoria para una ‘marcha de los barbijos’ para el día 7 de mayo a las 18 horas, ‘en todas las esquinas del país’”.

“Dicho flyer citaba frases tales como ‘volvemos a las calles’, ‘revolución del barbijo’, ‘basta de dejarle el poder absoluto al gobierno’”.

Los denunciantes señalaron que si bien desconocían qué vínculo podrían tener con la organización de la movilización, “tanto Boggiano como Milei eran figuras de gran exposición mediática que habían actuado como voceros y/o ideólogos de propuestas anti cuarentena”.

“No existe un hecho con rasgos delictivos que justifique poner en marcha el ejercicio de la acción penal como presupuesto legal de una eventual sanción judicial. Creo que se inscribe en la posibilidad de expresarnos que nos garantiza la Constitución y que, en este caso, quizá somete a los hablantes a una responsabilidad frente a sus pares, los demás ciudadanos, pero no frente al sistema judicial”, sostuvo Delgado.

Al no haber impulso fiscal, el juez federal Daniel Rafecas deberá archivar las actuaciones. Es decir que habrá investigación. Pero el abogado Ubeira ya anunció que apelará la decisión de Delgado.

El fiscal insistió en su dictamen en que “desde la perspectiva del Ministerio Público Fiscal, que debe velar por el interés social en que los delitos sean esclarecidos, pero también por buen orden de los procesos legales, en la cuestión de se trata no hay hechos susceptibles de generar una causa”.

“Es evidente que no hay un interés público en perseguir a las personas por lo que piensan o por lo que dicen individualmente. El interés público del que habla la ley es de la comisión de delitos y aquí no se cometieron delitos”.

Las expresiones sobre las que se basa la denuncia “no trascienden la gama de posibilidades derivadas de esa maravilla con que cuentan todas las personas nacidas en nuestro país que llamamos derechos”, reivindicó Delgado.

“Las personas sólo son responsable por lo que hacen y no porque lo que parecen que son”, reflexionó.