Los eligió Fabián Rodríguez Simón, "Pepín", asesor en materia de judicial de Macri.

Lijo sólo le pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) los antecedentes de la Fundación Pericles, en un contexto amplio de investigación en el que también requirió toda la documentación del Grupo Farallón, constructor de obra pública que trabajó tanto con el gobierno anterior cuanto con el actual y con la ciudad de Buenos Aires en los últimos ocho años. Pepín Rodríguez Simón designó como sus abogados a Cristián Cúneo Libarona, Juan José Oribe y Alejandro Drago.
Todos integran el Estudio Cúneo Libarona, que parece haber recuperado protagonismo con la llegada de Cambiemos al gobierno. Los Cúneo Libarona representan, entre otros, al sindicato de taxistas en la disputa judicial contra UBER.
No sólo eso. Mediante un escrito, Rodríguez Simón designó a otros empleados del Estudio Cúneo Libarona (Demian Debaisi, Segundo Pisani y Tobías Carcavallo) para fotocopiar todo el expediente. Rodríguez Simón es considerado el ideólogo de la idea de Mauricio Macri, a poco de asumir, para designar a Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz como jueces de la Corte Suprema en comisión.
Fue el propio presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien lo convenció de que esa no era la vía para completar las vacantes. Cuando todavía no estaba formalmente imputada, Gabriela Michetti también designó abogados en la causa y una semana después se asumió oficialmente como acusada y presentó un escrito de descargo. La secuencia, hasta la mitad, es similar a la de Rodríguez Simón.
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