Después de dos semanas, liberaron a los asambleístas de Andalgalá

Estaban detenidos por los incidentes ocurridos el 10 de abril, cuando fueron incendiadas las oficinas de la minera Agua Rica y se destrozó la sede del Frente de Todos. “Quieren mostrarnos como violentos cuando desde la misma empresa en complicidad con el poder de turno, fueron preparando el escenario”, denuncian los vecinos.

Después de catorce días presos, y ante la imposibilidad de presentar pruebas que justifiquen extender la prisión preventiva, la fiscal Marta Nieva firmó un decreto de liberación bajo caución de los asambleístas antimineros de Andalgalá, en Catamarca, aunque seguirán vinculados a la causa que investiga los incidentes ocurridos el 10 de abril, cuando fueron incendiadas las oficinas de la empresa minera Agua Rica y se destrozó la sede del Frente de Todos. “Nuestra lucha continúa hasta que no haya ningún compañero más judicializad por defender el agua de nuestra cuenca”, prometieron desde las asambleas.

Este lunes, cerca de las dos de la tarde, Matías Paz, Walter “Ají” Mansilla, Jorge Ramos, Eduardo Villagra, Enzo Brizuela, Augusto Brizuela y Damián Abel abandonaron la comisaria departamental y recuperaron así la libertad después de dos semanas. La medida también alcanzó a Aldo Flores, Sara Fernández y Ailen Diamante Saracho que se encontraban cumpliendo arresto domiciliario.

La fiscal Nieva firmó una caución de 300 mil pesos para cada uno de los vecinos detenidos que las defensas consideraron “desmedida”.

A través de un comunicado, la Asamblea del Algarrobo, expresó que “los incidentes en las oficinas de Agua Rica no fueron meros actos de vandalismo, como pretenden hacernos creer. Hay que inscribirlos dentro del contexto de lucha histórica de un pueblo que ya se ha cansado de decir NO, y que no lo escuchen. Quieren mostrarnos como violentos cuando desde la misma empresa en complicidad con el poder de turno, fueron preparando el escenario para tal suceso”.

En ese sentido, los asambleístas precisaron que “pasaron las máquinas perforadoras a espaldas del pueblo, metieron infiltrados y liberaron la zona el 10 de abril. Al día siguiente la fiscal minera Soledad Rodríguez, presentó una cantidad insostenible de órdenes de allanamiento y detención, rápidamente salieron a cazar a algunos vecinos, pero eso sí, todavía no hay responsables por la brutal represión del 2010, donde balearon y golpearon a niños, mujeres, personas grandes. Ni se les ocurrió actuar de oficio frente a las amenazas de muerte que suben a Facebook los mismos personajes de siempre, eso que sí entran por una puerta y salen por la otra”.

En otro tramo del documento, se denuncia que “militarizaron la ciudad, trajeron al grupo de choque KUNTUR para amedrentar a todo el pueblo. Estacionaron camionetas de la policía sin patente en las puertas de nuestras casas hasta la madrugada, indagaron a nuestros vecinos… ¿Y aun así quieren instalar que nosotros somos los violentos?”“Lo que pasa –concluye el comunicado– es que donde hay minería hay supresión del Estado de derecho, donde hay megaminería hay represión, hay persecución, hay apriete a las y los asambleístas”.