
Independientemente de si el anuncio de disolver el Congreso hubiera sido desmedido o poco atinado en los convulsionados tiempos políticos del país, el verdadero ataque contra las instituciones lo venía perpetrando una derecha con dominio legislativo y habituada ya a voltear presidentes, que se valió desde el primer momento de las atribuciones que le confiere la compleja Constitución peruana, la misma que le otorgaba al presidente invocar la famosa cuestión de confianza para barajar y dar de nuevo en la composición de la Asamblea. El congreso lo destituyó, incluso, después de que una misión de la OEA había sugerido no innovar en acciones de uno y otro lado, cosa que la oposición desoyó.
Desde el primer día, las fuerzas que no toleraron la posibilidad de tener un mandatario pobre, de las sierras, un maestro rural con conciencia de clase y vocación popular, un “comunista”; atentaron contra la gobernabilidad. En los escasos 18 meses de mandato, Castillo nunca pudo comenzar realmente a instrumentar las políticas que prometió en campaña. La oposición bloqueó, en uso de otra de las controvertidas atribuciones constitucionales, los nombramientos del Gabinete desde la primera conformación, obligando a modificar una y otra vez su nómina de funcionarios, sobre todo el premier o presidente del consejo de ministros. Esto sin olvidar que incluso antes de la asunción, las fuerzas enquistadas en el poder intentaron debilitarlo, al haber demorado en forma extrema el reconocimiento del triunfo electoral por parte del Jurado Nacional Electoral, que se tomó más de 45 días.
En el camino, Castillo cometió errores políticos, entendibles en parte en quien opera bajo alta presión y también de quién era un jugador nuevo en las ligas profesionales de la política peruana.
Acaso el peor error que hoy le marcan sus exaliados de Perú Libre, el partido marxista con el que se presentó en lista a elecciones, es haber bajado algunas banderas para intentar conciliar con un poder que nunca estuvo dispuesto a ese concilio. Esa claudicación le valió el alejamiento del ala más dura de Perú Libre y la fractura del bloque legislativo, razón también para haber perdido una fuerza que podría haber rechazado la destitución. Vladimir Cerrón, líder de PL, lo puso de relieve estos días, pese a lo cual denunció el golpe contra Castillo, no reconoció autoridad de la presidenta Dina Boluarte, y aprovechó para insistir en la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente, aquel ahora lejano lema de campaña presidencial. «
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