Es secretaria adjunta de la Unión de Empleado Judicial es de la Nación (UEJN) que había logrado una medida cautelar en su favor que dejó sin efecto los artículos de la ley de modernización laboral que planteaban el traspaso del fuero a la CABA y la disolución de los juzgados laborales nacionales.
Asegura que existe una interpretación forzada del artículo 129 la Constitución Nacional que, si bien reconoce el derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a contar con una justicia propia no lo contrapone con la existencia del fuero laboral nacional cuya fundación data de 1948.
Denuncia que, detrás del intento de desmantelar la Justicia Nacional del Trabajo, además de más de 1.600 puestos de trabajo de profesionales especializados, está en juego el derecho protectorio de los trabajadores y su preferente tutela.
– ¿Qué busca el gobierno con este traspaso que se votó en el marco de la reforma laboral?
– Lo primero que hay que marcar es que esta disolución del fuero del trabajo surge en el debate parlamentario de la mal llamada ley de modernización laboral incorporándose sobre tablas un artículo a las 3 de la mañana planteando la disolución de la justicia nacional del trabajo cuando se produzca el traslado de la justicia nacional a la de la ciudad. El término “disolución” es un fuerte y remite a circunstancias donde Repúblicas degradadas disuelven un poder del Estado. Se supone que la justicia es un poder independiente. Si tienen la facultad de disolverte no se de que independencia de poderes y de qué república estamos hablando.
– Es una medida que está planteada desde hace más de 30 años
– La disolución en función de la transferencia de competencias se hace en atención a una interpretación del artículo 129 de la Constitución de 1994 que crea la autonomía de la CABA pero es una autonomía limitada. En ningún punto de esta modificación la equipara a una provinica. Usa una terminología diferente. Ni siquiera habla de Constitución para la ciudad sino “Estatuto”. Incluso no la llama igual que una provincia sino Ciudad Autónoma. Está muy bien que la ciudad tenga su autonomía porque es ridículo que el presidente de la Nación tenga que preocuparse por las tasas municipales. Está perfecto que tenga su propia justicia pero acotada a cuestiones de vecindad. El artículo es muy claro y mandata a reglamentar su ejercicio mediante una ley que es conocida como la Ley Cafiero y que dice específicamente que esa autonomía no es igual a la de una provincia en tanto la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo la capital de la Nación argentina. Es cierto que el concepto de Nación está más degradado que nunca y eso conspira con la posibilida de que los legisladores y operadores políticos comprendan la necesidad de sostener cuestiones propias de la Nación y que este es un territorio donde ocurren hechos propios de la Nación. Estamos en una situación de degradación social y disolución nacional y atendiendo intereses cada vez más territoriales. Es muy difícil que se entienda así como uno defiende la soberanía del territorio y se enfervoriza con Malvinas. Lo que verdaderamente está ocurriendo hace muchos años es que es cada vez más difícil sostener la idea de Nación.
– ¿Qué cambió la semana pasada?
– Luego de la sanción de la ley de modernización que incluye la disolución del fuero del trabajo y la suscripción de las trasferencias de competencias de la justicia nacional del Trabajo a la de la Ciudad restaba un paso que era que la legislatura suscribiera ese acuerdo de transferencia competencias para que en la medida que la ciudad tuviera los recursos para hacerse cargo de esa competencia comenzara efectivamente el proceso. Por un lado esta planteada la cuestión de los trabajadores y los recursos para poner la justicia en marcha y luego la multicausalidad de una decisión de estas características.
-¿Son muchas las causas que motivan al gobierno?
-Al gobierno nacional le interesa disolver la justicia nacional porque es parte del ataque violento a los derechos de los trabajadores. La justicia nacional del trabajo la crea el General Perón hace 80 años y el sentido es equilibrar la diferencia de fuerza en la relación entre el trabajador y su empleador. Para equilibrarla se crean normas que protegen al trabajador y una justicia que debe tener una mirada protectoria de esa parte más débil de la relación laboral. La ley de modernización laboral destruye una serie de derechos que protegen al trabajador en esa relación inequitativa y dispar y que servían para que el Estado armonice relaciones para evitar situaciones de violencia. La injusticia genera violencia. El Estado es un pacificador de relaciones sociales. Estas normas se crean hace más de 100 años porque el mundo llegó a un punto en el que las organizaciones de los trabajadores entraba y asaltaban un palacio para degollar a una monarquía. Destruir las instituciones que equilibran y armonizan las relaciones es un retroceso en la paz social. La justicia del trabajo es una de esas instituciones. La elimina en la vocación de liberar las fuerzas del mercado para que haya relaciones libres de explotación. Lo único que liebran es la posibilidad de explotar y esclavizar como hicieron, por ejemplo, con los trabajadores de plataformas que los excluyeron de la ley. Y ahora discutimos que hay trabajadores que se autoexplotan trabajanod hasta 14 horas cuando hace un siglo peleábamos por las 8 horas.
-¿Qué otro motivo tienen?
La otra causa para crear un fuero del trabajo es multiplicar estructuras. Porque la política aunque el gobierno diga lo contrario, sigue creando estructuras para acomodar sus huesos. La política no es para ellos como muchos la concebimos como una herramienta para transformar la realidad por el bien común sino una forma de resolver su sustento de vida. En esa lógica a generan una estructura más amigable con el sector empresario y perjudicial para los trabajadores. No por ser pro empresarios son emprendedores sino que buscan acomodar a sus pollitos en la polítca. Más casta que eso no se consigue.
-¿Y hay riesgo para los judiciales?
-Los trabajadores judiciales de todos los fueros de la justicia nacional (también del civil y comercial), están transfiriendo competencias y duplicando competencias pero no están hablando de la transferencia de recursos. En el fuero del trabajo hay 1600 trabajadores y en la Ciudad están creando ahora 10 juzgados con cuatro personas cada una más otros 30 que quieren crear para atender la competencia transferida. Pero no están considerando transferir el personal de la Nación a la Ciudad. Es tremendamente angustiante para los trabajadores. El trabajador judicial tiene una característica de vocación de perfeccionamiento como todos los trabajadores de servicios públicos del Estado. La mayoría son estudiantes, abogados, con masters y doctorados. Están hiper formados y les dicen que esto no existe más y a nadie le interesa aprovechar tu capacidad. En realidad solo quieren acomodar amigos a los que les prometieron darles un cargo.
-¿Qué medidas tienen en carpeta?
-Estamos en movilización casi permanente. El miércoles hicimos acto en el Palacio de Justicia y el jueves marchamos a la legislatura porque se votaba la suscripción del convenio. Esto se da en el marco de no tener interlocutores válidos en nada, porque mientras ocurren las transferencias y pasos en el Congreso y la legislatura lo que vemos es que mientras disuelven fueros designan jueces nuevos en los fueros penales, comerciales y civiles. ¿Si los van a traspasar para que van a designar jueces nuevos? Son contradicciones impulsadas por el mismo gobierno. Es muy difícil encontrar interlocutores creíbles sobre todo esto. En el medio hay mucha angustia de los trabajadores judiciales y en general la de destruir instituciones que fueron muy importantes para proteger al trabajador en la última línea que le quedaba como recurso contra las injusticias que se pudieran haber cometido contra él en esa relación asimétrica que existe entre trabajador y empleador.
