Violenta detención de mujeres mapuches en Chubut

La Justicia federal de Río Negro capturó este lunes por vía violenta en sus domicilios de Chubut, y delante sus pequeños hijos, a dos de las seis mujeres mapuches que a fin de mes enfrentarán tres jornadas de juicio oral y público por la recuperación y ocupación de territorios que reclaman como ancestrales en la zona conocida como Villa Mascardi, al sur de Bariloche.

Les imputan el supuesto delito de amenazas y usurpación de tierras administradas por Parques Nacionales.
La orden de arresto llevó la firma del juez federal de General Roca, Hugo Greca, y se sostiene en el único argumento de que se las requiere para garantizar su presencia en las audiencias que se realizarán los días 26, 27 y 30 de septiembre en dependencias del Escuadrón de Gendarmería de Bariloche.

Se trata de una nueva embestida punitiva del Poder Judicial contra comunidades mapuches rionegrinas, que se produce una semana después de la detención Gonzalo Coña, en Santa Cruz, y de Matías Santana el 17 de febrero en Bariloche, todos encarpetados en el mismo proceso.

“Es inexplicable la detención, porque todas están ajustadas a derecho. El Tribunal ya tiene la sentencia firmada”, advirtió La Gremial de Abogados, agrupación de letrados solidarios que prestan asistencia a las comunidades originarias perseguidas por la Poder Judicial. Y denunció: “Le están aplicado el derecho penal del enemigo”.

Luciana Jaramillo fue arrestada a la tarde por fuerzas federales en su domicilio particular de la localidad de Esquel, cuando se encontraba sola al cuidado de sus tres hijos pequeños. Los niños quedaron solos por largo tiempo hasta que familiares pudieron llegar a su resguardo, informaron vecinos.

La segunda detenida en su casa del pueblo de Cushamen, también de Chubut, fue Romina Rosas, quien cursa un embarazo de siete meses. Cuando se produjo el desalojo violento de Villa Mascardi, Rosas se encontraba embarazada de ocho meses, pese a lo cual le negaron la libertad y obligaron a enfrentar el parto en el hospital de una prisión.

Ambas, además de Santana y Coña, integran la lista de procesados con las militantes mapuches María Isabel Nahuel, Yessica Bonefoi, Mayra Tapia, Betina Colhuan y Cristian Colhuan, por la recuperación del territorio de la lof Lafken Winkul Mapu entre noviembre de 2017 y octubre de 2022 en Villa Mascardi, donde un comando de la Prefectura Naval fusiló por la espalda Rafael Nahuel en uno de los tantos intentos de desalojo violento que impulsaban la entonces Ministra de Seguridad Patricia Bullrich con acuerdo de los gobiernos de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Cuando fueron detenidas tras el desalojo de 2022, todas las mujeres fueron incomunicadas y llevadas como presas comunes a cárceles de Buenos Aires, a más de 1.800 kilómetros de sus familias y defensores.

La expulsión de las tierras de Mascardi se produjo también por vía violenta ejecutado por comandos especiales de la Policía Federal bajo el mando del exMinistro de Seguridad, Aníbal Fernández, y por orden de la juez federal subrogante, Silvina Domínguez.

La magistrada Domínguez es la misma que en tiempo récord se declaró incompetente y giró hacia el fuero federal porteño de Comodoro Py la causa que debía investigar el tour que un grupo de jueces, funcionarios y agentes de inteligencia realizó a Lago Escondido, pagados por el Grupo Clarín.

Poco después de desalojo de 2022, el Gobierno nacional y la lof Lafken Winkul Mapu llegaron a un acuerdo amistoso para la cesión de tierras y viviendas para la comunidad, que debía cerrar el juicio, pero fue apelado por el Ministerio Público de Río Negro y anulado por la Cámara Federal de Casación Penal. Uno de los firmantes fue el juez Carlos Mahíques, integrante del tour a Lago Escondido pagado por Clarín.