Detenidos en la marcha por Santiago: denuncian “un procesamiento a la medida de Cambiemos”

En un duro comunicado, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional denostó el fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que procesó a 22 de los 31 detenidos al finalizar la marcha en Plaza de Mayo, al cumplirse el primer aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, el pasado 1° de septiembre.

“Un procesamiento a la medida de Cambiemos”, es el título de un comunicado publicado por la CORREPI, cuya máxima representante es la abogada María del Carmen Verdú, quien lleva la defensa de varios de los detenidos aquella noche y que, tomándose más tiempo del que establece la ley, los procesó por intimidación pública y resistencia a la autoridad.

“En una resolución tan imprecisa y genérica como taimada y tendenciosa, el juez Martínez de Giorgi ha cumplido con la manda que el gobierno le impuso: pronunciarse sobre la situación, una vez terminado el proceso electoral”, según analizaron desde CORREPI.

“A escasos cuatro días del triunfo de Cambiemos –continúa el texto-, el juez cumple el rol legitimador que el estado policíaco le tiene reservado: no juzga, sino que convalida todos y cada uno de los actos represivos emanados del Poder Ejecutivo”.

Para los abogados de este organismo, el fallo del juez se basó “únicamente en los testimonios de la policía de la Ciudad y Federal” quienes en realidad son “los verdaderos provocadores, luego represores”.

Verdú ya había adelantado que apelarán “cada uno de los procesamientos” ya que las “acusaciones se contradicen en las pruebas de descargo como filmaciones, registros fílmicos y fotográficos, envío de mensajes telefónicos que contradicen a los policías”.

“Consta en el expediente no sólo el modo ‘al voleo’ de las detenciones –con excepción de los trabajadores de prensa, deliberadamente seleccionados- y la violencia desplegada por los efectivos, también denuncias concretas de intimidación, amenazas y tratos inhumanos que vulneraron la dignidad de los detenidos”. En este tramo del comunicado, la CORREPI se refiere a los periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), Juan Mourenza y Ezequiel Medone, que fueron “levantados” mientras hacían su trabajo.

El juez también procesó a Noemí Pianetti, Maximiliano Pierangeli, Andrés Ferraroti, Sofia Gamboa, Sebastián Nahabian, Patricio Salazaro, Aitor Basterrechea, Daniel Carrizo, Demian Tutaglio, Ivan Palavecino, Cristian Vázquez, Paola Montero, Ada Luz Escobar Martín, Carlos Guerra, Micael Tobías Maggi, Geraldine Sánchez, Gabriela Amira Sánchez, Yamila Barrios e Ivan Meza.

Rápido el juez… cuando quiere

La CORREPI precisó también que el juez Martínez de Giorgi protege a las fuerzas de seguridad que esa noche “actuaron como perros de caza hambrientos de jóvenes y luchadores populares”. De acuerdo a esta hipótesis, el magistrado “da fe de un acta policial que inventa circunstancias. Nunca investigó, se limitó a recoger la versión policial y con eso construyó un mediocre acto procesal que sin dudas lo coloca entre los jueces predilectos a la hora de resolver rápidamente los conflictos que permiten criminalizar a los jóvenes, las mujeres, los trabajadores y los luchadores”.

En ese tramo del escrito, CORREPI recordó que se trata del “mismo juez que, intimado por la Corte Suprema a avanzar en la causa contra el empresario corrupto Mariano Martínez Rojas por el ataque de su patota, amparada por la policía, a la redacción del diario autogestionado Tiempo Argentino, esta misma semana, por tercera vez, se declaró “incompetente” para facilitar la impunidad de los socios del poder”.

Los integrantes del organismo se quejaron de los millonarios embargos que le impuso el juez a los procesados, al tiempo que convocaron a la movilización del próximo 1° de noviembre en Plaza de Mayo.