Detienen a ocho miembros del gobierno catalán destituido

La jueza de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela ordenó este jueves el ingreso en prisión sin fianza del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros siete ex consejeros del gobierno independentista destituido. La magistrada tomó la decisión tras tomarles declaración como imputados por delitos de rebelión, secesión y malversación de fondos por su frustrado plan de secesión de Cataluña. Lamela emitirá mañana -según los medios españoles- una orden europea de detención para el destituido presidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro consejeros que se encuentran con él en Bélgica desde el fin de semana, como solicitó hoy el fiscal general.

«Como presidente legítimo de Cataluña, exijo la liberación de los consejeros y del vicepresidente» Oriol Junqueras y «el fin de la represión política», señaló Puigdemont en un video emitido por la televisión pública catañana TV3, que indicó que el presidente cesado hablaba desde Bélgica.

 Puigdemont acusó a los partidos constitucionalistas de desearles la cárcela sus funcionarios de gobierno. «El legítimo gobierno de Cataluña encarcelado por sus ideas y por haber sido leales al mandato aprobado por el Parlamento de Cataluña», escribió Puigdemont en un mensaje en su cuenta de la red Twitter, con una foto en la que se lo ve en una mesa rodeado de allegados. «El clan furioso del 155 nos quiere en prisión. El clamor sereno de los catalanes es de libertad», añadió en un segundo mensaje, también en catalán, ilustrado con una fotografía de una concentración independentista.

Poco después difundió un video, a través de la televisión pública catalana TV3, en el que advirtió que constituye «un error muy grave, un gravísimo atentado a la democracia” la decisión de la justicia, con la que, evaluó, “el gobierno español renuncia a la democracia». “En lugar de apostar por el diálogo opta por la violencia policial y por los encarcelamientos y por la vía de la represión. Es un golpe contra las elecciones» regionales convocadas por Madrid para el 21 de diciembre, advirtió, y lamentó que esos comicios vayan a realizarse “en un clima de represión».

La medida, cuyas consecuencias políticas son impredecibles, se precipitó después de que el Parlamento catalán realizara una declaración de independencia el viernes pasado, lo que llevó al Ejecutivo español de Mariano Rajoy a intervenir la norteña región, destituir al gobierno de Puigdemont y convocar elecciones.

A pesar de que el movimiento independentista esperaba una decisión de este tipo, la resolución judicial fue recibida con gran indignación y de inmediato comenzaron a circular en las redes sociales diferentes llamados a la movilización frente al Parlamento catalán para pedir «libertad» para los políticos enviados a la cárcel. 

Al caer la noche miles de personas se concentraron frente al Parlamento catalán y en los municipios de la región para reclamar la liberación de los miembros del gobierno regional y dirigentes soberanistas encarcelados. Además, cerca de medianoche desde las calles y edificios el ruido de las cacerolas se hizo oír con fuerza en varios barrios de Barcelona, como en Gracia y Saint Gervasi, entre otros.

Junto al ex vicepresidente regional Junqueras, los ex dirigentes enviados a prisión son: Raül Romeva (Asuntos Exteriores), Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borrás (Gobernación), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo) y Joaquim Forn (Interior).  Vila (Empresa y Conocimiento), quien igualmente ingresará a prisión hasta poder depositar la fianza solicitada, fue el único que respondió a las preguntas de la jueza y del Fiscal durante el interrogatorio. 

 Tras la orden de la jueza, los dirigentes independentistas fueron traslados de inmediato a las cárceles madrileñas de Estremera y al centro penitenciario de mujeres de Alcalá Meco. La magistrada consideró que existía un riesgo de «reiteración delictiva, de alteración y destrucción de pruebas» y destacó que «debido a su alto poder adquisitivo de la mayoría de los imputados, se incrementaba el riesgo de fuga». 

 En ese sentido, recordó que «algunos querellados ya se desplazaron a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido», en clara referencia a Puigdemont y los consejeros que están en Bruselas.

En su resolución la jueza aseguró que «la acción de los querellados fue meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la independencia”.

Si bien los hitos fueron el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y la declaración de independencia del Parlamento del pasado día 27, los hechos delictivos comenzaron a fraguarse en 2015 cuando comenzó el proceso, señaló. 

Según Puigdemont, el gobierno de Mariano Rajoy “en lugar de apostar por el diálogo opta por la violencia policial, por los encarcelamientos y por la vía de la represión. Es un golpe contra las elecciones» regionales convocadas por Madrid para el 21 de diciembre, advirtió, y lamentó que esos comicios vayan a realizarse “en un clima de represión».

Ante la ausencia de Puigdemont, los ex consejeros que sí acudieron a la Audiencia Nacional fueron recibidos con gritos de «¡Viva España!» y reclamos de «¡Prisión!» de una decenas de personas de extrema derecha reunidas en el lugar.

A escasos 100 metros, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell y los otros cinco miembros de la Mesa de la cámara, ingresaban al Tribunal Supremo, donde debían declarar por los mismos delitos por haber permitido la tramitación y votación de las leyes que llevaron a la declaración de independencia del pasado 27 de octubre. 

Sin embargo, a pedido de las defensas de los acusados que alegaron «indefensión», el juez instructor Pablo Llarena decidió otorgar una semana a las defensas, hasta el 9 de noviembre, para preparar sus estrategias, aunque ordenó vigilancia policial contra los imputados para evitar su fuga, informaron fuentes judiciales a Télam al anunciar el aplazamiento.