Detienen a tres penitenciarios por el asesinato de un interno en el penal de Florencio Varela

En horas de la tarde de hoy, se entregó Eliana Heidenreich, jefa del Grupo de Asistencia y Seguimiento (GAyS), acusada de haber disparado varias veces contra Federico Rey, el preso de la Unidad Penal 23 que murió a balazos el miércoles pasado en medio de un motín. Poco antes, habían sido detenidos el subprefecto del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) Gastón Ávila y el prefecto mayor Gabriel Bergonzi, sospechados de haber realizado maniobras para ocultas y hacer desaparecer las pruebas que implicaban a su compañera.

Trascendió que Heidenreich se entregó esta tarde en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata. Unas horas antes, el subjefe de la Guardia de Seguridad Armada, Ávila, había caído preso en su casa de La Plata y Bergonzi, subdirector de Administración del penal, en su domicilio de la localidad balnearia de Santa Teresita.

Los tres sospechosos serán indagados mañana por la titular de la UFI 9 de Quilmes, Roxana Giménez, quien lleva adelante la investigación con información aportada por Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial. A Heidenreich se le imputa el delito de «homicidio agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego», mientras que sus compañeros están acusados de «encubrimiento agravado».

Una de las fuentes consultadas señaló que de acuerdo a la declaración de los testigos, el subdirector habría dado la orden de ocultar o hacer desaparecer los cartuchos de guerra, al tiempo que Ávila aparentemente los tuvo en su poder y actuó junto a Bergonzi de la maniobra.

«No se descarta que haya más penitenciarios involucrados en el encubrimiento», explicó a Télam el mismo investigador.

En los allanamientos realizados entre anoche y esta madrugada, se secuestraron más armas de fuego, que se suman a las casi 20 que ya habían sido incautadas y que son sometidas a pruebas balísticas en la Asesoría Pericial del Poder Judicial con sede en Lomas de Zamora, donde entre otras diligencias, se cotejarán las armas con los cartuchos de guerra que durante el fin de semana el SPB entregó a la justicia.

El crimen de Rey, de 23 años, fue cometido en el marco de una serie de incidentes registrados en la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, donde se llevaba a cabo un reclamo de prisiones domiciliarias ante la pandemia de coronavirus.

Tras horas de negociación, los guardias intervinieron y se originó un enfrentamiento que culminó con Rey fallecido y con 40 presos y 15 agentes del SPB heridos leves, según se informó oficialmente.

Respecto a los incidentes, los investigadores aseguraron que el momento de mayor tensión fue cuando los presos mantenían sobre los techos del penal a algunos detenidos por causas de violación y amenazaban con tirarlos al vacío.

La situación volvió a la normalidad luego de la conformación de una mesa de mediación entre las autoridades judiciales, penitenciarias y de la Comisión Provincial por la Memoria con referentes de los distintos pabellones.

Si bien inicialmente la muerte del preso fue atribuida a una pelea a puñaladas entre presos, mediante la autopsia se estableció que había sido asesinado por disparos con posta de plomo realizados con una escopeta calibre 12/70 cuando estaba en el techo del pabellón 6 de dicha unidad.

Uno de los elementos claves para el avance de la investigación, fue el testimonio de una agente que aseguró haber entregado un envoltorio con tres cartuchos servidos de postas de guerra de color rojo que habían sido encontrados en el muro perimetral de la cárcel, entre los puestos de guardias 2 y 3.

En su declaración, la funcionaria penitenciaria explicó que esas vainas se las había entregado un oficial superior para que las guarde y luego las descartara. Ese testimonio, más el de otros agentes e internos orientaron la causa y derivaron en los pedidos de arresto.